A pesar de la implementación de un estado de excepción desde el 8 de enero por parte del presidente Daniel Noboa, destinado a contener la creciente ola de violencia criminal en Ecuador, los casos de secuestros y extorsiones continúan en aumento en el país.
Según informes del canal de televisión Ecuavisa, entre enero y el viernes pasado se registraron un total de 1,543 casos de extorsiones y secuestros. En la ciudad portuaria de Guayaquil, una de las más afectadas por esta espiral de violencia, la incidencia se ha quintuplicado en comparación con el mismo periodo del año anterior, publicó la agencia de noticias EFE.
El año pasado, entre enero y marzo, la ciudad reportó 120 casos de secuestros y extorsiones. Sin embargo, este año, la cifra ha escalado a 618 casos en el mismo periodo. La provincia de Guayas, con Guayaquil como su capital, lidera las estadísticas de delitos, con 650 casos reportados, seguida de Esmeraldas con 189 y Pichincha con 166 denuncias.
Las autoridades indican que los delincuentes exigen sumas que oscilan entre $2,000 y $200,000 dólares por cada víctima. El jefe policial de la Zona 8, Víctor Herrera, lamentó que muchos de los detenidos por estos delitos sean reincidentes y expresó su preocupación por su pronta liberación y reingreso a las bandas criminales.
Recientemente, la Policía presentó a la prensa a 13 personas sospechosas detenidas en operaciones contra secuestros y extorsiones, revelando que varios de ellos tenían antecedentes por los mismos delitos. Se destacó la crueldad de los secuestradores, quienes han mutilado a una víctima como prueba de vida y para intimidar a los familiares con el cumplimiento de los pagos exigidos, indicó EFE.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa decretó el estado de excepción el pasado 8 de enero por sesenta días, extendido por 30 días más el jueves pasado, con el objetivo de “garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica”. Estas medidas permiten que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía en el control de la seguridad interna, especialmente en cárceles y calles, donde se han registrado episodios de violencia organizada.
La violencia carcelaria, que ha generado más de 450 presos asesinados en motines desde el año 2020, se ha extendido a las calles, convirtiendo a Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina en 2023, con 45 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes.
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