Sean “Diddy” Combs permanecerá encarcelado después de que un juez rechazara el miércoles la propuesta del magnate del hip-hop de que esperara su juicio por tráfico sexual en el lujo de su mansión de Florida en lugar de en una lúgubre cárcel federal de Brooklyn.
El juez de distrito de EE. UU., Andrew L. Carter, dictaminó que el plan de Combs, que incluía una fianza de 50 millones de dólares, monitoreo por GPS y estrictas limitaciones a las visitas, era “insuficiente” para garantizar la seguridad de la comunidad y la integridad de su caso.
Carter, coincidiendo con los fiscales que lucharon por mantener a Combs en prisión, encontró que “ninguna condición o conjunto de condiciones” que regían su liberación podría proteger contra el riesgo de que amenazara o dañara a los testigos, un cargo central en su caso.
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Los abogados de Combs estaban haciendo su segundo intento en pocos días para liberarlo del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde ha estado recluido en la unidad de alojamiento especial desde que se declaró inocente el martes de los cargos de haber abusado física y sexualmente de mujeres durante años.
Un magistrado federal rechazó el pedido inicial de libertad bajo fianza de Combs el martes. El miércoles, él y sus abogados se enfrentaron a Carter, el juez que presidirá su juicio.
Una acusación formal acusa a Combs, de 54 años, de usar su “poder y prestigio” para inducir a las víctimas femeninas y a los trabajadores sexuales masculinos a realizar actuaciones sexuales drogadas y elaboradamente producidas llamadas “Freak Offs” que Combs organizaba, en las que participaba y a menudo grababa. Los eventos a veces duraban días, decía la acusación.
La acusación formal alega que él coaccionó y abusó de mujeres durante años, con la ayuda de una red de asociados y empleados, mientras utilizaba el chantaje y actos violentos, incluidos secuestros, incendios provocados y palizas físicas, para evitar que las víctimas hablaran.
Combs ha estado bajo custodia federal desde su arresto el lunes por la noche en un hotel de Manhattan.
Argumentando que debería permanecer encerrado, la fiscal Emily Johnson le dijo al juez de distrito de EE. UU. Andrew L. Carter que el otrora célebre rapero tiene un largo historial de intimidación tanto a las acusadoras como a los testigos de su presunto abuso. Citó mensajes de texto de mujeres que dijeron que Combs las obligó a participar en “Freak Offs” y luego amenazó con filtrar videos de ellas participando en actos sexuales.
Johnson dijo que el equipo de defensa de Combs estaba “minimizando y subestimando horriblemente” la propensión de Combs a la violencia, y se mostró en desacuerdo con la descripción que hizo su abogado de un asalto ocurrido en 2016 en un hotel de Los Ángeles como una pelea de amantes. Un video de seguridad del evento mostró a Combs golpeando a su entonces novia, la cantante de R&B Cassie, en el pasillo de un hotel.
Combs es un “peligro para la comunidad y plantea un riesgo grave para la integridad” de su caso, argumentó Johnson.
La magistrada federal Robyn F. Tarnofsky dictaminó inicialmente que Combs era demasiado peligroso para ser liberado. Pero el abogado de Combs, Marc Agnifilo, presentó una carta a Carter el miércoles pidiendo nuevamente la libertad bajo fianza bajo condiciones que le permitieran salir del Centro de Detención Metropolitano, el calabozo en la costa de Brooklyn donde fue llevado después de su comparecencia.
La cárcel, que tiene alrededor de 1.200 reclusos, es objeto de frecuentes quejas de abogados y algunos jueces de que está superpoblada, es violenta y está descuidada.
La casa de Combs en Florida está en Star Island, una extensión de tierra artificial en la Bahía de Biscayne, a la que solo se puede llegar por una calzada o en barco. Es uno de los lugares más caros para vivir en los Estados Unidos. La solicitud de Combs se hace eco de la de una larga lista de acusados ricos que han ofrecido pagar fianzas multimillonarias a cambio de detención domiciliaria en lujosas casas de campo.
Si se le hubiera concedido la libertad bajo fianza, Combs habría tenido que quedarse en esa casa mientras esperaba el juicio, según la oferta de sus abogados. Las visitas se limitarían a familiares, cuidadores de la propiedad y amigos que no sean considerados co-conspiradores, dijeron.
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