La mitad de Estados miembros de la UE están contra la propuesta de la Comisión Europea sobre el recorte las cuotas de pesca de anchoa en el golfo de Cádiz. Es un grupo de países liderado por España, que además ha dejado clara su posición este lunes ante la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca en Bruselas. “No he visto una propuesta tan carente de sentido político como la que tenemos ante nosotros”, avisó desde el principio el ministro Luis Planas, al tiempo que encontraba la coincidencia en la preocupación de Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta Países Bajos y Portugal. Todos ellos hablan de que se puede dar “un peligroso precedente”.
Bruselas plantea un ‘tijeretazo’ del 54% a las cuotas de anchoa en aguas atlánticas ibéricas, algo que desde el Gobierno español ni mucho menos comparten porque, dice Planas, no tiene en cuenta la Comisión “las consecuencias” que puede tener esta medida desde el punto de vista socioeconómico. Además, critican el momento elegido para poner la idea sobre la mesa. “No sé quién pilota esta propuesta políticamente, ¿la Comisión Von der Leyen I o Von der Leyen II?”, se pregunta el titular de Agricultra.
La Comisión sugiere implementar una disposición particular que limite las capturas en la zona del TAC al sur de la línea en aguas atlánticas del suroeste de la Península Ibérica a un máximo de 969 toneladas, de acuerdo con el informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés). Además, se plantea que tanto el TAC como esta condición especial tengan efectos retroactivos desde el 1 de julio de 2024. Es decir, los Estados miembros quedan sin margen de maniobra en torno a una política cuya competencia está manos de la Comisión Europea.
Mientras, la presidencia húngara del Consejo pide “encontrar una solución responsable” al tiempo que el Ejecutivo comunitario insiste en que los países no pueden ir a lo concreto y pide aplicar “el mismo rasero” a la hora de hablar de cuotas.
El impacto medioambiental, económico y social es clave para España y el resto de países críticos, algo que, insisten, no tiene en cuenta ahora mismo la Comisión Europea. En este sentido, Portugal afirma que las quejas tienen todo el sentido y ha mostrado “su apoyo incondicional” a España. “La interrupción de las pesquerías debe ser el último recurso”, expresó por su parte el ministro de Países Bajos, quien dijo entender “la preocupación” del Gobierno español. “Esperamos que la Comisión rectifique”, apuntó Jean Rummenie.
