Nuevos testimonios incorporados al expediente del Ministerio Público en el caso del presunto fraude superior a RD$15,000 millones contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) señalan que el exdirector de la institución, Santiago Hazim, habría desacatado advertencias formales de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y protegido a determinados prestadores de servicios médicos.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada en el marco del caso denominado “Operación Cobra”, Hazim habría rechazado cancelar contratos prospectivos cuestionados por la Sisalril, supuestamente por “mala calidad del gasto”, entre los cuales figura la Clínica Cruz Jiminián.
Según el testimonio del exgerente del SeNaSa, Jaime Miguel Licairac Hernández, las advertencias para rescindir dichos contratos fueron formuladas en enero y febrero de este año, pero habrían sido ignoradas por el entonces director. “El de Jiminián yo no lo voy a tocar; que la Sisalril se emburuje con Cruz Jiminián”, habría sido la respuesta atribuida a Hazim, de acuerdo con la declaración jurada citada por el Ministerio Público, la cual describe una actitud de desacato y protección a prestadores privilegiados.
Licairac Hernández también declaró que presentó su renuncia de manera precipitada debido a la negativa de Hazim a reconocer las pérdidas acumuladas del SeNaSa, que, según los estados financieros, superaban los RD$2,600 millones.
Otro testimonio considerado de alto valor probatorio por el órgano acusador es el de Roberto Canaán Acta, a quien se vincula con el círculo interno de Hazim. Según la acusación, Canaán confesó haber entregado personalmente RD$10 millones en efectivo al exdirector del SeNaSa, dinero que habría sido aportado por Osman Andrés, hijo del propietario del Centro Médico Elohim, presuntamente para la campaña política de 2024.
Además, Canaán describió el funcionamiento interno del Comité de Contrataciones Médicas, señalando que decisiones clave eran avaladas mediante señales de una asistente directa de la dirección, y mencionó la existencia de un círculo íntimo identificado por apodos, al que se vincula con empresas bajo investigación.
El Ministerio Público sostiene que estos testimonios permiten demostrar la existencia de una red de influencia sobre órganos reguladores del sistema de seguridad social, incluyendo el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Sisalril.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha reiterado que la investigación continúa y que más personas podrían ser sometidas a la justicia, subrayando que el objetivo principal es el esclarecimiento total de los hechos y la recuperación de los fondos presuntamente desviados.
Hasta el momento, además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Messina, Germán Robles, Francisco Minaya, Eduardo Read, Cinty Acosta, Ramón Speakler, Ada Ledesma, Heidi Pineda y Rafael Luis Martínez.
El proceso se encuentra en fase judicial, mientras el Ministerio Público avanza con lo que ha denominado una segunda etapa de la investigación, conocida internamente como “Senasa 2.0”.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**