Un hombre de 89 años, identificado como Agustín
Viera, ha admitido ante la Audiencia de Las Palmas- España
haber violado a su hija tetrapléjica durante cinco largos
años. Este hecho ha dejado una profunda huella en la
opinión pública, por la brutalidad, la vulnerabilidad de la víctima
y la traición a la confianza familiar.
La historia gira en torno a una familia rota por el abuso. El
acusado, un hombre de avanzada edad, tenía bajo su cuidado a su
hija, una mujer con un grado de discapacidad del
98%. Ella dependía de él para cada aspecto de su vida
diaria, desde el aseo hasta la alimentación.
La relación de total dependencia entre la víctima y su agresor
facilitó los abusos continuados. El padre aprovechó su posición de
cuidador, trastocando la confianza y el deber de protección que le
correspondía por completo. Durante cinco años, estos hechos se
produjeron en la vivienda familiar, en un entorno marcado por la
soledad y la falta de vigilancia externa.
La situación de la víctima y su entorno de cuidados
La hija del acusado sufre tetraplejia, lo que
la deja sin control ni fuerza en ningún miembro. Esta condición le
impide defenderse o pedir ayuda con facilidad, por lo que requiere
asistencia permanente para cualquier acción cotidiana. Vivía con su
padre, el único cuidador durante ese tiempo en que ocurrieron los
abusos.
La rutina diaria giraba en torno a la dependencia física de la
víctima, lo que permitió al agresor tener acceso
permanente y sin supervisión. Solo tras años de padecimiento,
la joven pudo comunicar lo sucedido, ayudada por
servicios médicos y trabajadores sociales atentos a su estado
emocional.
El acusado reconoció los hechos tras la denuncia y solicitó un
acuerdo de conformidad, lo que permitió reducir la pena. Pasar de
negar a admitir la culpa significó un alivio para la víctima, que
pudo ver una señal de reconocimiento del daño.
Pena impuesta y medidas adicionales
La condena fue de ocho años y medio de prisión,
menos de lo inicialmente previsto. Se determinó una
indemnización de 35.000 euros a favor de la
víctima en concepto de daños y perjuicios. Además, el acusado no
podrá acercarse ni mantener ningún tipo de
comunicación con su hija durante quince años.
Otra medida importante fue la obligación de asistir a cursos de
formación en educación sexual durante ocho años. Por la
avanzada edad del agresor y su delicado estado de
salud, es posible que no llegue a cumplir la totalidad de la
condena en la cárcel, aunque sí tendrá que respetar todas las
restricciones y medidas accesorias.
Consecuencias para la víctima y valoración médica
La joven ha sufrido traumas profundos, ansiedad
y una quiebra total de confianza hacia sus cuidadores. La
valoración médica recogió el estrés postraumático,
el miedo constante y la dificultad para relacionarse con su
entorno.
A pesar de ello, la víctima reside ahora en una residencia
especializada, donde recibe atención médica, psicológica y los
cuidados necesarios para recobrar parte de su bienestar y
seguridad. La sentencia ha dado un respiro, aunque las
secuelas quedan marcadas para siempre.
Jurisprudencia y medidas para prevenir futuros abusos
Los tribunales han dejado claro que hay tolerancia
cero con los abusos a personas con discapacidad. La
condena recoge la importancia de actuar con rapidez apenas se
detectan señales de maltrato. Las indemnizaciones y las
restricciones de contacto buscan evitar represalias o nuevos
daños.
Para instituciones y familiares, la principal recomendación es
vigilar los entornos familiares, mantener canales
de comunicación con personas dependientes y formar al personal que
trabaja en residencias o centros de día. Ante la mínima sospecha,
hay que activar protocolos de denuncia y no subestimar ninguna
queja o señal de aislamiento, miedo o tristeza en personas
vulnerables.