Ha llenado toda una época la tendencia a preferir constituirse en acreedor por aprovisionar al mayor adquiriente nacional de cuantos bienes y servicios existen en función de tantos indicios de que los administradores de la cosa pública no han sido celosos practicantes de la minuciosidad comprobatoria de costos y beneficios reales para la nación. Libres, por tanto, del temor a un régimen de consecuencia por posibles transgresiones éticas y legales. Los resultados de los últimos cuatro años de gestión de una renovada Dirección General de Contrataciones Públicas recuerdan que el país ha contado siempre con herramientas, no utilizadas a cabalidad, para su protección patrimonial. Son actuales los testimonios certificados de lo logrado con la exactitud de transparencia en la aplicación de normas y procedimientos estatuidos para garantizar el correcto empleo de lo que se recauda de los contribuyentes.
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Para muestras: en el período cuatrienal que expira fueron parados en seco numerosos pagos perjudiciales al fisco por más de 15 mil millones de pesos. Otros procesos hacia suscripción de obligaciones contractuales quedaron anulados preventivamente. La gama de proveedores autorizados ha crecido con democrática e idónea selección de ofertantes y se excluye con previa depuración a quienes pretendan vender o prestar servicios al Estado sin reunir condiciones y hasta desde importantes estatus de funcionarios públicos y de otras naturalezas incompatibles para ese tipo de relación con el Estado.
