Washington, EE.UU. – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) contempla invertir 38.300 millones de dólares en la adquisición y reconversión de más de 20 edificaciones —principalmente almacenes industriales— para ampliar de forma significativa la red de centros de detención y procesamiento de migrantes, según un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) divulgado por la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte.
La iniciativa busca elevar la capacidad de detención a 92.600 camas, frente a las más de 75.000 personas actualmente bajo custodia de ICE, de acuerdo con el informe.
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El plan, titulado “Merrimack NH Detention Reengineering Initiative”, propone un “nuevo modelo” centrado en la eficiencia operativa y la reducción de los tiempos de procesamiento, financiado a través de la legislación federal conocida como One Big Beautiful Bill Act.
Detalles de la expansión
El documento establece una inversión total de US$38.300 millones destinada a adquisiciones, adecuaciones estructurales y operaciones iniciales. Entre los ejemplos citados figura la adaptación de un almacén en Merrimack, New Hampshire, con una asignación de US$158 millones, además de US$146 millones para su operación durante los primeros tres años.
El plan contempla:
8 centros de detención a gran escala, con capacidad para entre 7.000 y 10.000 personas cada uno, destinados a estadías promedio inferiores a 60 días antes de la deportación.
16 centros regionales de procesamiento, con capacidad para entre 1.000 y 1.500 migrantes, orientados a estancias cortas de tres a siete días.
10 instalaciones “turnkey” ya operativas, que serían adquiridas sin necesidad de remodelaciones significativas.
Según el DHS, todas las instalaciones cumplirían con los Estándares Nacionales de Detención (NDS) de ICE, incluyendo servicios médicos, acceso a representación legal, alimentación, espacios recreativos y cumplimiento de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de 1993.
El objetivo es que la red esté operativa antes del 30 de noviembre de 2026, reemplazando el actual sistema basado en disponibilidad dispersa de camas por un modelo centralizado.
Reacciones y tensiones locales
La gobernadora Ayotte, quien asumió el cargo en enero de 2026, publicó el documento tras recibirlo del DHS y cuestionó la falta de transparencia en el proceso.
En un comunicado, señaló inconsistencias en el análisis de impacto económico y criticó que la información fuera entregada después de un testimonio ante el Congreso. También advirtió sobre el posible impacto en la comunidad de Merrimack, donde se proyecta instalar un centro con capacidad para entre 400 y 600 camas.
El proyecto ha generado protestas locales por preocupaciones relacionadas con la infraestructura pública, la seguridad y el impacto comunitario.
En tanto, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, expresó su rechazo al plan y cuestionó la política migratoria federal, mientras organizaciones defensoras de derechos migrantes advirtieron sobre posibles riesgos de violaciones a derechos humanos.
Contexto nacional
La propuesta surge en un contexto de aumento en las detenciones migratorias, que han pasado de aproximadamente 40.000 personas al inicio de la actual administración a más de 75.000 en enero de 2026, según cifras citadas en el documento.
El DHS sostiene que el modelo permitirá una “detención civil segura y humana” y mayor eficiencia en los procesos de deportación. Críticos, sin embargo, consideran que la conversión de espacios industriales en centros de detención masiva podría profundizar tensiones sociales y requerirá mayor supervisión legislativa.
La divulgación del plan ha reactivado el debate en el Congreso sobre el alcance del gasto federal en materia migratoria y los estándares de transparencia en la implementación de este tipo de iniciativas.