El general Damián Arias Matos expuso detalles sobre un presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que podría superar los 100,000 millones de pesos y afectar a millones de usuarios. Arias Matos indicó que la cifra inicial de 15,000 millones de pesos anunciada por la Procuraduría General de la República sería considerablemente menor a los 100,000 millones de pesos estimados, movilizados en un periodo de cuatro o cinco años.
El general precisó que aproximadamente siete millones de usuarios del sistema de salud podrían haber resultado afectados por el presunto desfalco. Según el documento emitido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, no se aplicarán criterios de oportunidad en la investigación, garantizando que todas las diligencias se mantengan bajo control judicial pleno.
Se mencionaron presuntos usos indebidos de fondos para servicios de diálisis y quimioterapia, incluyendo pagos a personas inexistentes. El general centró la atención en Eduardo Read, quien supuestamente ofreció devolver más de 3,000 millones de pesos y posee vínculos familiares con Eduardo Read Barreras, miembro del Consejo de Estado de 1962.
Arias Matos destacó que estas conexiones muestran la relación entre el poder económico y político, con empresas vinculadas a linajes históricos que habrían recibido beneficios fiscales durante periodos recientes de gestión estatal.
También mencionó a Santiago Hazim y la presunta participación de prestadoras como “Readd Estrella” en contratos dentales, alegando pagos millonarios sin procesos transparentes ni concursos públicos.
El general cuestionó la aparente complacencia del sector bancario frente a movimientos millonarios, sugiriendo que la falta de alertas regulatorias permitió la continuidad de los hechos sin supervisión efectiva. Asimismo, criticó la ausencia de acciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), cuestionando la falta de investigaciones sobre incrementos patrimoniales y posibles irregularidades fiscales de los involucrados.
Se enfatizó un patrón de doble estándar, donde ciudadanos comunes reciben controles rigurosos mientras actores con influencia económica parecen operar con mayor flexibilidad ante autoridades regulatorias y financieras.
Se reseñó la imposición de medidas de coerción, incluyendo arrestos de figuras como Santiago Hazim, con un plazo de 18 meses para completar la investigación y garantizar el seguimiento judicial. También se mencionó el traslado a la cárcel de Las Parras y la participación de plataformas ciudadanas como “Somos Pueblo”, cuya labor contribuye a la presión para el cumplimiento judicial y la transparencia en los procesos.
Arias Matos destacó tensiones entre el discurso oficial del Ministerio Público y la percepción ciudadana, señalando filtraciones previas y cuestionamientos sobre la independencia y eficacia en la actuación estatal.
Las denuncias incluyen presunta facturación fraudulenta en servicios médicos, uso indebido de datos de pacientes y restricciones a farmacias para cumplir coberturas. El general citó al cardiólogo Pedro Ureña, quien sugirió cancelar permisos a médicos implicados, describiendo la situación como un daño institucional.
Se subrayó que la apropiación de fondos vinculada a prácticas irregulares genera consecuencias directas en la calidad de atención, acceso desigual a servicios y confianza pública en instituciones médicas.
Arias Matos reflexionó sobre la continuidad de modelos de corrupción desde la era pos-Balaguer, indicando que administraciones recientes han tenido figuras influyentes en el manejo de fondos y compras públicas.
Se relacionan presuntas irregularidades con reformas fiscales pendientes y decisiones de élites económicas, proyectando que el caso SeNaSa podría simbolizar la crisis institucional y el deterioro de confianza en la justicia.
El general concluyó que las investigaciones siguen abiertas, con consecuencias políticas y sociales aún no determinadas, dejando un escenario en desarrollo que refleja la complejidad del caso.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**