El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, ha dado a los comités de la Cámara Alta la autoridad para gastar hasta $521 mil millones de dólares en total, en el nuevo proyecto de ley de presupuesto federal.
La votación de 51 a 48 que aprobó el marco del proyecto de ley de presupuesto federal en la madrugada del sábado acerca a los republicanos del Congreso a la finalización de un amplio plan multimillonario para abordar las políticas de defensa, energía, inmigración e impuestos.
La Cámara de Representantes aprobó su proyecto de ley de presupuesto, la Resolución Constitucional 14 de la Cámara, y lo envió al Senado.
El presidente del Comité de Presupuesto, Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur), lo reemplazó con su propia versión, la Enmienda Nro. 1717, que el Senado aprobó por unanimidad el sábado.
Aunque el Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó este sábado la propuesta de presupuesto federal que busca extender los recortes de impuestos impulsados en 2017 durante el primer mandato de Donald Trump y elevar el techo de endeudamiento del país, estas autorizaciones para proyecciones mayores de gastos están dirigidas a reforzar el presupuesto de defensa y a aumentar considerablemente los fondos para el control de la inmigración, según Migrant Insider.
“Esta resolución es el primer paso hacia un proyecto de ley definitivo que haga permanente la desgravación fiscal que implementamos en 2017 y suponga una inversión transformadora en nuestra seguridad fronteriza, nacional y energética”, declaró el líder de la mayoría del Senado, John Thune, antes de la votación.
Cambios a la política de inmigración financiados por el plan de presupuesto federal
La resolución presupuestaria propuesta por el Comité de Presupuesto del Senado para el año fiscal 2025, de aprobarse, transformaría significativamente la política federal de inmigración al recortar drásticamente los fondos para la asistencia humanitaria y legal a los inmigrantes, a la vez que ampliaría los recursos para la seguridad fronteriza y la infraestructura de detención.
Los senadores republicanos afirman que el gasto se dividiría equitativamente entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional; pero admiten que si el parlamentario aprueba todas sus propuestas, en teoría se podría gastar una cifra sin precedentes de medio billón de dólares.
El zar de la frontera, Tom Homan, solicitó al Congreso medio billón de dólares
La solicitud de medio billón de dólares de financiamiento proviene directamente del principal asesor de inmigración del presidente Donald Trump, Tom Homan, quien se reunió con legisladores republicanos de ambas cámaras el mes pasado para presentarla.
La resolución del Senado, ahora liderada por el senador Lindsay Graham y adoptada siguiendo las líneas del partido, describe una drástica reestructuración de las prioridades de gasto en inmigración.
De aprobarse, destinará cientos de miles de millones de dólares a la aplicación de la ley migratoria, incluyendo ingresos extraordinarios indefinidos para el Servicio de Aduanas y Control de Inmigración (ICE), a la vez que reduce o congela los fondos para el reasentamiento de refugiados, la tramitación de asilo y los servicios legales para inmigrantes de bajos ingresos.
Aumenta el control de inmigración y disminuyen los servicios de apoyo a inmigrantes
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), recibirá un aumento en su autoridad de financiamiento mediante instrucciones de conciliación.
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Estas instrucciones asignan hasta $90 mil millones en ahorros que pueden redirigirse a esfuerzos de seguridad y cumplimiento de la ley, incluyendo medidas para “eliminar barreras burocráticas y restablecer el control de la inmigración”, según la resolución.
El gasto del Departamento de Justicia, que incluye los tribunales de inmigración, aumenta de $83.1 mil millones en el año fiscal 2025 a $109.4 mil millones en el año fiscal 2034. Pero este crecimiento está alineado con los esfuerzos para agilizar los procedimientos de deportación y reforzar el aparato legal detrás del control de la inmigración y ya no está dirigido a financiar los procesos migratorios que autorizan la legalización del estatus de los inmigrantes.
Por otro lado, varios departamentos y programas federales que brindan servicios a las poblaciones inmigrantes enfrentan un estancamiento o disminución de su financiamiento.
Se espera que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), responsable del reasentamiento de refugiados y la atención a menores no acompañados, implemente reducciones significativas de gastos.
La resolución exige procedimientos de conciliación que incluyen ahorros de más de $1.6 billones de dólares relacionados con Medicaid, recortes que podrían afectar el acceso de los no ciudadanos a los servicios de salud.
En resumen, la resolución presupuestaria del Senado promueve un entorno político que cambia el eje de las funciones del gobierno en cuanto a la inmigración porque ahora prioriza la restricción y la aplicación de la ley y no el apoyo del gobierno a los inmigrantes que se hallen dentro del país en procesos migratorios legales, como el asilo, por ejemplo.
El plan de presupuesto federal en cuanto a inmigración apoya la ampliación de la capacidad de detención, el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza y la agilización de los procedimientos de deportación, a la vez que limita la asistencia federal para quienes ya se encuentran dentro de las fronteras y buscan estatus legal, asilo o ayuda humanitaria.
Con información de Migrant Insider
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