Los defensores de Ammy Hiraldo Peña, los abogados Jaime Caonabo Terrero y Julio Alberico Hernández, presentaron su renuncia irrevocable a pocos días de la próxima audiencia del caso, programada para el lunes 20 de octubre de 2025. Esta decisión ha generado interrogantes sobre el futuro inmediato del proceso legal en Sánchez Ramírez.
La renuncia de Terrero y Hernández fue presentada mediante documento formal ante las autoridades judiciales, citando falta de garantías de seguridad personal como razón principal. Los abogados argumentaron que sus vidas estuvieron en peligro durante la audiencia preliminar, donde se reportaron alteraciones del orden público en los alrededores del Palacio de Justicia de Cotuí. Según declararon, se produjeron acciones violentas, incluido el lanzamiento de objetos hacia el vehículo que transportaba a la imputada.
Los letrados señalaron que la Policía Nacional y el Ministerio Público no facilitaron las condiciones necesarias para desempeñar su labor bajo igualdad de condiciones en comparación con las otras partes involucradas. La falta de garantías ha sido persistente, según afirmaron, debido a que distintas peticiones realizadas por ellos —como la revisión de medidas de coerción y la acreditación de pruebas— fueron desestimadas por el tribunal.
El caso de Yennely Duarte Hilario, en el cual Ammy Hiraldo Peña se encuentra implicada, ha sido objeto de intensa atención pública y mediática. La comunidad de Sánchez Ramírez continúa conmocionada por el incidente que involucra la pérdida de la joven Duarte Hilario.
Ante la complejidad del caso y los recientes eventos, los abogados habían solicitado a la Suprema Corte de Justicia una declinatoria por razones de seguridad pública, lo cual fue rechazado. Actualmente, el Tribunal Constitucional revisa un recurso de revisión constitucional sobre esta decisión, manteniendo el caso en estado de seguimiento judicial activo.
En un contexto de creciente presión social y mediática, los habitantes de Cotuí y las autoridades provinciales se encuentran a la expectativa de nuevos desarrollos. Las organizaciones de derechos humanos y civiles también están vigilantes, prestando atención al proceder de las instituciones judiciales.
El Tribunal Constitucional continuará evaluando las demandas impuestas por los abogados, mientras diferentes sectores esperan una resolución que refuerce la confianza en el sistema judicial.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**