El Gobierno británico ha suspendido temporalmente el procedimiento parlamentario necesario para la ratificación del acuerdo que preveía transferir la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio, una decisión que introduce incertidumbre en un expediente diplomático de gran calado estratégico y jurídico, y que se produce … después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara públicamente su oposición al pacto al considerar que Londres estaba a punto de cometer un «grave error» con implicaciones para la seguridad internacional.
El subsecretario de Estado para Asuntos Exteriores, Hamish Falconer, confirmó este miércoles ante la Cámara de los Comunes que el Ejecutivo había decidido interrumpir el procedimiento parlamentario para revisar el tratado, alegando la necesidad de consultas adicionales con Washington, cuyo papel resulta determinante debido a la presencia en el archipiélago de la base militar conjunta angloestadounidense de Diego García, una de las instalaciones estratégicas más importantes de Estados Unidos fuera de su territorio.
«Estamos llevando a cabo un proceso en el Parlamento en relación con el tratado. Lo presentaremos de nuevo en el momento oportuno. Estamos haciendo una pausa para debatirlo con nuestros homólogos estadounidenses», declaró Falconer, en una intervención que evidenció hasta qué punto el acuerdo depende de la posición norteamericana, pese a tratarse formalmente de un arreglo bilateral entre el Reino Unido y Mauricio.
El proyecto de cesión había sido anunciado el año anterior por el primer ministro británico, Keir Starmer, como un intento de resolver una disputa colonial de décadas y de alinearse con el derecho internacional, tras varios pronunciamientos adversos para Londres en tribunales y organismos multilaterales. La propuesta contemplaba que el Reino Unido reconociera la soberanía mauriciana sobre el archipiélago, conocido oficialmente como Territorio Británico del Océano Índico, a cambio de conservar el control operativo de Diego García mediante un contrato de arrendamiento de 99 años que garantizaría la continuidad de las operaciones militares estadounidenses y británicas.
Diego García constituye un nodo esencial de la proyección militar occidental en el Índico y Oriente Próximo, utilizado como plataforma logística y aérea en conflictos desde la guerra del Golfo hasta las campañas en Afganistán e Irak. Su ubicación, aislada y alejada de poblaciones civiles, permite operaciones de gran escala con escaso riesgo político, razón por la cual Washington ha considerado históricamente la instalación como un activo irremplazable.
Trump, que ha retomado una línea discursiva centrada en la confrontación estratégica con Irán y en la necesidad de mantener la superioridad militar estadounidense en regiones clave, advirtió la semana pasada de que el Reino Unido no debía renunciar a la soberanía sobre las islas, sugiriendo que la base podría resultar crucial en un eventual escenario de escalada con Teherán. Según sus declaraciones, Diego García sería necesaria «para erradicar un posible ataque de un régimen altamente inestable y peligroso» si Irán rechazara un acuerdo con Estados Unidos.
El contencioso sobre Chagos se remonta a la década de 1960, cuando el Reino Unido separó el archipiélago de la entonces colonia de Mauricio poco antes de concederle la independencia, una maniobra destinada a mantener el control sobre las islas y facilitar el establecimiento de la base estadounidense. Entre finales de los sesenta y principios de los setenta, la población indígena, conocida como los chagosianos o ilois, fue expulsada forzosamente para permitir la militarización del territorio, una política que ha sido ampliamente denunciada por organizaciones de derechos humanos y por los propios desplazados, muchos de los cuales se establecieron en Mauricio y en el Reino Unido en condiciones precarias.
En 2019, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva en la que concluyó que la descolonización de Mauricio no se había completado legalmente debido a la separación de Chagos, e instó al Reino Unido a poner fin a su administración del archipiélago «lo antes posible». La Asamblea General de Naciones Unidas respaldó posteriormente esta posición por una amplia mayoría, lo que incrementó la presión diplomática sobre Londres, aunque el Gobierno británico ha afirmado que continuará administrando el territorio hasta que exista un acuerdo bilateral.
El pacto negociado por la administración de Starmer pretendía cerrar esa controversia manteniendo al mismo tiempo los intereses estratégicos occidentales.
Desde la perspectiva mauriciana, la decisión supone un contratiempo significativo en un proceso que había sido presentado como un avance histórico hacia la reparación de un agravio colonial. El Gobierno de Port Louis ha defendido reiteradamente su compromiso con el mantenimiento de la base y con la cooperación en materia de seguridad, subrayando que la soberanía no implicaría una alteración de los acuerdos militares existentes.