NUEVA YORK – Una nueva regla propuesta por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos este jueves busca que solo ciudadanos estadounidenses ocupen espacios de vivienda pública o subsidiada.
La regla que consta en el Registro Federal le prohibiría a inmigrantes sin estatus legal residir en estructuras de este tipo.
La regla propuesta por la oficina del secretario, Scott Turner, le requeriría a las personas presentar prueba de ciudadanía o estatus legal o de estatus elegible, independientemente de la edad.
El plan, que ahora pasa a un proceso de comentarios públicos, incluye los “hogares de estatus mixto”.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, se acabaron los días en que migrantes ‘ilegales’, personas sin derecho a pensión y estafadores manipulaban el sistema y se aprovechaban de los contribuyentes estadounidenses”, dijo Turner en un comunicado de prensa. “La norma propuesta por el HUD garantizará que todos los residentes de viviendas financiadas por el HUD sean inquilinos elegibles. Tenemos tolerancia cero con el desprecio de ciudadanos estadounidenses que trabajan duro y, al mismo tiempo, permitimos que otros se aprovechen de lagunas legales que datan de décadas atrás”, argumentó el funcionario.
De acuerdo con el encargado de la agencia, con la medida, se garantizará que los beneficios de vivienda financiados por los contribuyentes solo lleguen a ciudadanos estadounidenses y personas elegibles.
La regla explica que los que se declaren extranjeros elegibles deben proporcionar el original de un documento designado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como prueba aceptable de su estatus migratorio y aprobar el envío de una copia del mismo y la información que contiene al DHS para verificación. “La verificación del estatus migratorio de la persona puede realizarse mediante la Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (‘SAVE’). SAVE es un servicio en línea administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) dentro del DHS”, señala el documento.
El texto de la regla indica que la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, en su versión modificada, le prohíbe al secretario del HUD otorgar asistencia financiera a personas que no sean ciudadanos o a ciertas categorías de extranjeros elegibles en los programas de vivienda pública y de asistencia específica del HUD.
La norma ante la consideración de la oficina llevaría a revisar la implementación de la Sección 214 por parte del HUD para exigir la verificación de ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio elegible de todos los solicitantes y beneficiarios de asistencia.
“La norma propuesta también establecería la asistencia prorrateada como una condición temporal en espera de la verificación de la condición migratoria elegible de todos los miembros de la familia, cuando así lo permita la ley, a diferencia de las regulaciones actuales del HUD, donde la asistencia prorrateada podría continuar indefinidamente”, añade el escrito.
La agencia plantea que las enmiendas armonizarían mejor las regulaciones del HUD con la redacción y el propósito de la Sección 214 y con las prioridades y los esfuerzos de la Administración Trump para reformar el sistema.
“Esta norma propuesta armonizaría mejor las regulaciones de implementación de la Sección 214 del HUD con la redacción y el propósito de dicha sección al revisar las regulaciones del HUD para exigir la verificación de la ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio elegible de todos los solicitantes y beneficiarios de asistencia bajo un programa cubierto, independientemente de su edad, y para establecer la asistencia prorrateada como una condición temporal en espera de la verificación del estatus migratorio elegible de todos los miembros de la familia, cuando lo permita la ley”, especifica el escrito.
En esa dirección, el documento recuerda que el presidente Donald Trump firmó, el 19 de febrero, la orden ejecutiva 14218 titulada “Poner fin a las subvenciones de los contribuyentes a las fronteras abiertas” para instruir a los jefes de agencias a mejorar los sistemas de verificación de elegibilidad para garantizar que los beneficios financiados por los contribuyentes excluyan a cualquier extranjero no elegible.
El decreto, básicamente, ordena a las agencias del gobierno de EE.UU. a no proveer beneficios o asistencia pública a inmigrantes indocumentados y les exige revisar sus programas y ajustarlos a la “Ley de Reforma de la Asistencia Social de 1996” (PRWORA).
“La Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 (Ley Pública 104-193) (PRWORA), generalmente prohíbe a los inmigrantes indocumentados obtener la mayoría de las prestaciones financiadas por los contribuyentes. El Título IV de la PRWORA establece que es política nacional que ‘los extranjeros dentro de las fronteras de la Nación no dependan de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades’ y que ‘[e]s un interés gubernamental imperioso eliminar el incentivo para la inmigración indocumentada que ofrece la disponibilidad de prestaciones públicas’ Sin embargo, en las décadas transcurridas desde la aprobación de la PRWORA, numerosas administraciones han actuado para socavar los principios y limitaciones establecidos por el Congreso mediante dicha ley”, plantea la orden ejecutiva a la que hace referencia la regla.
La regla propuesta aclara que la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario contiene varias disposiciones para mitigar los posibles impactos en las personas mayores y sus familias. El estatuto modificó la sección para aplicar ciertos requisitos de verificación de estatus a las personas menores de 62 años.
Las enmiendas además autorizan lo que se conoce como “asistencia para la preservación” con el propósito de evitar la separación de familias que ya recibían asistencia para la fecha de la promulgación o el 5 de febrero de 1988. “Específicamente, la Sección 214(c)(1)(A) autoriza la continuación de la asistencia a dicha familia si es ‘necesario para evitar la división familiar’ y el jefe de familia o su cónyuge tiene un estatus migratorio elegible”, detalla el escrito de HUD.
No obstante, la agencia aclara que la asistencia a dichas familias solo podrá brindarse de forma prorrateada y el monto de la asistencia financiera debe basarse en el porcentaje del número total de miembros elegibles.
La referida sección además autoriza el aplazamiento temporal de la terminación de la asistencia para las familias que la recibían al 5 de febrero de 1988, pero que no eran elegibles para recibir asistencia continua de forma prorrateada “para permitir la transición ordenada de la persona y de cualquier miembro de la familia involucrado a otra vivienda asequible”.
En el comunicado del Departamento de Vivienda ayer, Turner se atribuyó haber tomado varias acciones en los últimos meses para evitar que indocumentados accedan a beneficios de la agencia.
El secretario mencionó la firma del Memorando de Entendimiento “Programas de Vivienda Estadounidense para Ciudadanos Estadounidenses” con la encargada del DHS, Kristi Noem, para “poner fin al despilfarro de fondos públicos en beneficio de migrantes indocumentados”.
Turner también resaltó la auditoría a los inquilinos de viviendas financiadas por el HUD en todo el país. Bajo este proceso, se le confirió a las Autoridades de Vivienda Pública (PHA) y a los propietarios 30 días para tomar medidas correctivas.
El secretario del HUD agregó que ha encaminado esfuerzos para que los préstamos de la oficina solo se otorguen a ciudadanos estadounidenses mediante la revisión de los requisitos de residencia de la Administración Federal de la Vivienda (FHA).
Bajo su tutela, la agencia lanzó la Línea Directa para Denunciar Delitos (1-800-347-3735) para que las personas alerten sobre migrantes indocumentados y actividades delictivas en viviendas financiadas por el HUD.
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