El proyecto de ley de Reforma (o modernización) Fiscal emergió al fin ayer de una reservada elaboración gubernamental que daba pistas pero no certezas y que definitivamente parece contener -al menos a grandes rasgos- parte de lo que algunos pronosticaban sombríamente como de riesgoso impacto para contribuyentes y consumidores. Comienza un compás de espera para que sus enunciados reciban el detenido análisis de expertos y sobre todo el de productores de bienes y servicios incluyendo aquellos a los que se debe casi por completo el positivo crecimiento de esta economía en los últimos años. Beneficiarios de unos auges que están dejando poca partición de beneficios con el Estado atrapado en subordinación al endeudamiento y a lo que consiga de aquellos que por su nivel social no pueden sacarle el cuerpo a los recaudadores. La poca captación genera déficits de atención a problemas nacionales y baja tasa de inversión de capitales con la contraparte de elevados gastos corrientes, auxilios sociales y en obras poco reproductivas y escasamente favorables al desarrollo propiamente dicho aunque atiendan necesidades elementales.
Puede leer: No hay que ir más allá del esfuerzo oficial que regula la inmigración
Al revelar lo que se propone fiscalmente el Gobierno prometió dos ofensivas más cruciales que la de cobrarles mucho a los que siempre pagan: combatir con mayor intensidad (no parece que hubiera alguna antes) las evasiones que dejan entre uñas tres cuartas partes del Itebis, entre otras escapadas mayúsculas, y la informalidad del 57% de los negocios capaces ambas de quebrar a cualquier país.
