Un esquema internacional de engaño contra personas mayores fue desarticulado tras una investigación conjunta entre autoridades de Estados Unidos y República Dominicana. La operación afectó a más de 400 personas con una edad promedio de 84 años, generando pérdidas que superaron los cinco millones de dólares, según confirmaron los organismos de justicia.
En este proceso, 13 personas fueron señaladas como responsables. Cuatro de ellas permanecen en territorio dominicano en espera de que se apruebe su extradición para responder ante un tribunal en Massachusetts, donde viven al menos 50 de los afectados por este esquema.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que los implicados aplicaban un patrón consistente en convencer a las víctimas de que nietos u otros familiares cercanos atravesaban situaciones urgentes que requerían apoyo económico inmediato para ser solucionadas.
Las investigaciones establecieron que el dinero recibido era posteriormente blanqueado y transferido a República Dominicana, dentro de lo que fue calificado por la justicia estadounidense como una operación de gran complejidad y coordinación.
El principal señalado, identificado como Oscar Manuel Castaños García, de 33 años, permanece bajo custodia junto a otros ocho participantes. Castaños García habría dirigido y supervisado los centros de llamadas, asignando tareas a personal que dominaba el inglés y aplicaba la modalidad conocida como “estafas de abuelos”.
El método utilizado incluía a un primer operador, denominado “abridor”, que contactaba a la persona simulando ser un nieto involucrado en un siniestro vial. Luego intervenía un segundo operador, llamado “cerrador”, que asumía el papel de abogado y pedía transferencias de dinero para cubrir supuestos honorarios legales.
Los recursos obtenidos se movían mediante depósitos en cuentas bancarias y entregas a personas en Nueva York y otras ciudades. Estos intermediarios procesaban las sumas antes de enviarlas nuevamente al país caribeño. Los cargos incluyen conspiración para fraude postal y electrónico, así como conspiración para lavado de dinero, con penas máximas de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas que podrían llegar a 500,000 dólares o al doble del monto vinculado.
En territorio dominicano, el Ministerio Público realizó 34 allanamientos y arrestó a nueve personas, tras más de dos años de indagatorias para detectar plataformas usadas en fraudes informáticos, robo de datos y suplantación de identidad.
La operación fue desarrollada junto con la Deicroi y contó con apoyo del FBI, que ejecutó acciones simultáneas en California, Nueva York, Florida, Maryland y Misuri.