El Pregonero, Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader anunció la tarde de hoy en “LA Semanal con la Prensa”, que fue el gobierno que solicitó al Ministerio Público a investigar una supuesta red de corrupción que operaba en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Según este entramado, tenía contratos de atención primaria firmados por SENASA con empresas privadas bajo un esquema capitado.
El caso más llamativo es el de Kersum SRL, propiedad del cirujano dental Eduardo Rit Estrella, que en octubre de 2020 logró un adendum que amplió un acuerdo anterior para administrar 500 mil afiliados del régimen subsidiado.
Según los datos revelados, la empresa recibe 130 pesos por afiliado, lo que equivale a 65 millones de pesos mensuales y se traduce en 780 millones de pesos al año, independientemente de si los afiliados reciben o no atenciones. Para analistas del sector, esto representa un negocio altamente rentable para prestadores privados y una pérdida significativa de recursos que el Estado podría dirigir al fortalecimiento de los hospitales públicos.
En un reciente reportaje de la periodista Nuria Piera sobre las contrataciones de Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha desatado un fuerte debate que trasciende la simple denuncia mediática, que más bien se trata de una lucha de intereses en torno a la administración de miles de millones de pesos en el sistema de salud pública.
Lo que más ha llamado la atención en la opinión pública no es solo el modelo de negocio, sino también la forma en que se han presentado las denuncias. Mientras Nuria Piera cuestionó al empresario, otros reportajes, no mencionan al empresario Eduardo Rit Estrella, a pensar de estar en la palestra.
La omisión no pasó desapercibida y ha despertado suspicacias: ¿fue un descuido periodístico o un intento deliberado de proteger vínculos familiares? La pregunta queda abierta, aunque lo que resulta evidente es que el caso SENASA ha dejado de ser solo un tema de contratos y cifras para convertirse en un asunto de poder, credibilidad y rivalidad mediática.
El fondo de la controversia muestra que no se trata únicamente de irregularidades administrativas, sino de quién controla los flujos millonarios que genera la atención primaria dentro del régimen subsidiado. Una lucha donde convergen intereses empresariales, políticos y hasta mediáticos, con consecuencias directas en la salud pública y en la confianza ciudadana hacia el sistema.