WASHINGTON – El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. arrancó este sábado sin un plazo claro para su reapertura en el horizonte debido a la falta de acuerdo para aprobar un presupuesto y la división entre republicanos y demócratas sobre mayores controles para los agentes de inmigración tras la muerte de dos civiles en operaciones realizadas en Mineápolis en enero.
De acuerdo con la propia entidad, el 90% de sus 270,000 empleados están considerados como esenciales y por lo tanto seguirán trabajando.
Sin embargo, si el cierre persiste, estos empleados federales dejarán de recibir pagos después del 18 de febrero, fecha en torno a la cual está programado abonar las nóminas correspondientes a las dos primeras semanas de febrero.
El cierre ocurre luego de que el Senado fracasara el pasado jueves en su intento de aprobar una ley republicana para financiar a Seguridad Nacional hasta septiembre, debido a que de forma unánime los demócratas lo bloquearon al considerar que hacían falta fijar limites a las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La paralización de fondos es de momento indefinida, debido a que el Congreso no tiene aún fecha para volver a celebrar sesiones la semana próxima.
El efecto del cierre será sensible para el personal de dependencias como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera y el Servicio Secreto, quienes dejarán de percibir sus salarios a partir del 18 de febrero.
Sin embargo, ICE será de los menos damnificados debido a que en 2025 el plan fiscal (One Big Beautiful Bill) del presidente Donald Trump, aprobado por el Senado que le otorgó $75,000 millones de dólares adicionales para gastos de funcionamiento.
A su vez, CBP recibió partidas extraordinarias de entre $60,000 y $70,000 millones.
La Guardia Costera y FEMA mantendrán las misiones críticas de rescate y respuesta a desastres, pero verán recortados entrenamientos, viajes oficiales y parte de sus operaciones rutinarias.
Antes de que las negociaciones en el Senado fracasaran, la Administración Trump anunció el fin de los grandes operativos contra inmigrantes en Minneapolis en un gesto aparentemente encaminado a ablandar a los démocratas, pero el jefe de la minoría liberal en el Senado, Chuck Shumer, indicó que esto no era suficiente y que se necesitan definir políticas para regular las actuaciones de los agentes.
Los demócratas reclaman que los agentes de inmigración del DHS vayan a cara descubierta, porten identificaciones visibles o equipen cámaras corporales después de las dos muertes ocurridas en Mineápolis.
Este es el tercer cierre federal parcial durante el actual mandato de Trump. El primero afectó a todas las entidades federales entre el 1 de octubre al 12 de noviembre, acumulando 43 días para convertirse en el más largo de la historia.
El segundo apenas duró menos de cuatro días a principios de este mes y se saldó con la aprobación de presupuestos federales para el resto del ejercicio fiscal, a excepción de las partidas correspondientes a Seguridad Nacional.
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