Por primera vez en el ordenamiento democrático de la República, la ciudadanía está siendo convocada formalmente a proteger los mecanismos de libre expresión de la voluntad popular sin recurrir a la violencia de manera individual ni constituyendo turbas; estando ya establecido el mecanismo que con toda legalidad tomaría acciones de investigación y persecución contra crímenes y delitos en los entornos de los sufragios.
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Una Procuraduría especializada está llamada a enfrentar con recursos punitivos la vileza de comprar votos y cédulas, obstaculizar acceso a las urnas, impedir a los asalariados acudir a las mesas en tiempo hábil o violar el secreto del voto. Es evidente que la efectividad de esta gestión ministerial queda subordinada considerablemente al propósito denunciador de cada caso por ciudadanos que así procedan por civismo o como seguidores de candidatos por cuya participación con equidad y transparencia debe velarse en esta justa. Están abiertas las vías por internet para mover la acción pública que puede derivar en multas y prisión en estos tiempos en que las mayorías portan teléfonos móviles. Va a estar a prueba la capacidad de los dominicanos de reaccionar diligentemente colaborando con la autoridad en presencia de agresiones a la democracia de la que son los principales beneficiarios. Gracias al concurso de sus fuerzas vivas esta sociedad ha levantado de sus escombros a la democracia cercenada por asonadas o por dictaduras, duras o suaves, en más de una histórica ocasión.
