Cada vez anterior que asomó en el horizonte nacional la pretensión de reducirle a la sociedad las tragedias con vehículos relacionadas con la embriaguez vino la falta de valor personal de guardianes de la ley que a lo poco retrocedieron; se vieron enfrentados seguramente a la insubordinación violenta de algunos conductores llamados a capítulo que de tanto hacer en el tránsito lo que les venga en gana, atribuyen carácter violatorio a sus «derechos» la sola aplicación de la ley. Pesa sobre el país y sobre el ámbito vial la cultura de «al diablo todo el mundo que esta calle es mía» que es la única que podía poner a los motociclistas a disfrutar de la tanta impunidad que en muchas ocasiones les hace pagar con la vida el pasarles por encima a las normativas para la seguridad del tránsito vigentes.
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El caos en la circulación que tiene a este país en la cima de la mortalidad en el transporte terrestre no se debe tan exclusivamente, como dice el Gobierno, a que gracias a su gestión de poder los dominicanos se convierten más que antes en propietarios de vehículos. Le falta reconocer que cuando tal «progreso» supera su capacidad de poner orden e impedir la conducción de autos, buses, camiones y motocicletas como recursos para el homicidio «involuntario», el tal «avance» social adquiere niveles de desgracia colectiva e igualmente «social». Un precio demasiado alto. La intención de someter a cumplimientos a infractores de todas las condiciones tiene que estar acompañada de una valiente defensa de la ley.
