A partir de este 1 de enero, Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental implementan nuevas restricciones sobre la compra de refrescos, dulces y otros alimentos no saludables con los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Este cambio se inscribe en un esfuerzo más amplio del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; y del secretario de Agricultura, Brooke Rollins, para fomentar hábitos alimenticios más saludables y reducir enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes.
Estos son los primeros de al menos 18 estados en promulgar exenciones que prohíben la compra de ciertos alimentos.
“No podemos continuar con un sistema que obliga a los contribuyentes a financiar programas que enferman a la gente y luego pagar una segunda vez para tratar las enfermedades que esos mismos programas ayudan a crear”, dijo Kennedy en una declaración en diciembre, recuerda Associated Press (AP).
“Esta no es la típica agenda de salud pública, vertical e impositiva”, declaró el gobernador de Indiana, Mike Braun, al anunciar la solicitud de su estado la primavera pasada. “Nos centramos en las causas fundamentales, la información transparente y los resultados concretos”.
Reacciones y desafíos
Expertos de la industria minorista y de políticas de salud advierten que las modificaciones complicarán la operación de los SNAP ya presionados por recortes presupuestarios.
Señalan que la falta de claridad sobre los alimentos afectados y los retos técnicos en los puntos de venta provocarán congestionamientos en las cajas y un aumento en las quejas de los consumidores.
“Es un desastre inminente que la gente intente comprar comida y sea rechazada”, dijo Kate Bauer, experta en ciencias de la nutrición de la Universidad de Michigan, entrevistada por AP.
Consecuencias para minoristas
Se estima que las restricciones de SNAP costarán inicialmente a los minoristas estadounidenses 1.6 mil millones de dólares, además de 759 millones anualmente.
La presión económica se traducirá en precios más altos en los supermercados para todos los consumidores, según expertos de la industria alimentaria.
“Castigar a los beneficiarios de SNAP significa que todos tenemos que pagar más en el supermercado”, dijo Gina Plata-Nino, directora de SNAP para el grupo de defensa contra el hambre Food Research & Action Center.
Impacto social y críticas
Voces críticas, incluidos expertos en nutrición, enfatizan que estas medidas no abordan problemas estructurales sobre la accesibilidad de alimentos saludables y los costos de alimentos no saludables.
Los beneficiarios de SNAP expresan preocupación por la complejidad de las nuevas reglas y su impacto en la ya difícil situación económica, elevando el estigma asociado a recibir asistencia alimentaria.
“La lista de artículos no proporciona suficiente información específica para preparar a un participante del SNAP para ir al supermercado”, escribió Plata-Nino en una entrada de blog. “Muchos artículos adicionales, incluyendo ciertos alimentos preparados, también estarán prohibidos, aunque no estén claramente identificados en el aviso a los hogares”.
Las exenciones implantadas tendrán una duración inicial de dos años, con posibilidad de extensión. Cada estado deberá evaluar el impacto de estos cambios, pero los expertos advierten que las medidas podrían no resolver problemas crónicos en la alimentación de la población estadounidense.
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