Un tribunal de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este ordenó tres meses de prisión preventiva contra la docente Yamelsy Matos Beltré, investigada por presunto trato inadecuado hacia una niña de dos años en el preescolar Mi Segundo Hogar. La medida se cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres mientras avanza el proceso judicial.
El caso adquirió amplia atención pública luego de difundirse un video grabado en el interior del plantel, material que motivó la apertura de una investigación formal. En las imágenes se observa a la docente ejerciendo presión física sobre la menor mientras intenta obligarla a ingerir alimentos durante una jornada escolar. El mismo registro audiovisual muestra otro momento en el aula donde la niña es forzada a consumir comida después de presentar malestar estomacal, situación ocurrida frente a otros estudiantes.
La difusión del video en plataformas digitales generó una fuerte reacción entre usuarios, lo que motivó la rápida intervención de organismos policiales y entidades de protección infantil. Posteriormente, agentes de la Policía procedieron con el arresto de la profesora, mientras el Ministerio Público inició diligencias para determinar responsabilidades legales relacionadas con el hecho.
Durante el análisis preliminar del expediente, fiscales evaluaron la posible aplicación de la figura jurídica de trato cruel o degradante prevista en los artículos 303 y 303-4 del Código Penal. Esas disposiciones, modificadas por la Ley 24-97, establecen sanciones de entre diez y quince años de reclusión para quienes provoquen sufrimientos físicos o emocionales de gravedad.
La legislación dominicana también contempla agravantes cuando la persona afectada es menor de edad, condición que incrementa el nivel de protección legal. En ese escenario, la normativa permite que la pena alcance hasta treinta años de reclusión mayor, considerando la vulnerabilidad de los niños bajo cuidado de adultos responsables.
Especialistas en derecho penal señalan que obligar a una menor a ingerir alimentos mediante presión física podría ser evaluado como un trato degradante según la legislación vigente. Asimismo, explican que el marco legal contempla aumentos en las sanciones cuando se detecta abuso de autoridad, intimidación o situaciones de especial vulnerabilidad. De acuerdo con esa normativa, las penas pueden incrementarse entre cinco y diez años adicionales dependiendo de la valoración que realicen los tribunales sobre el expediente.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**