Sin el apoyo de ningún opositor congresual, la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en dos discusiones consecutivas, el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2026, colocando en pausa otra vez el artículo del Código Tributario que ordena la reclamada indexación salarial que permitiría ajustar la carga impositiva a los salarios.
La arrolladora mayoría congresual con que cuenta el Partido Revolucionario Moderno (PRM) permitió que el Presupuesto del 2026, que asciende a 1 billón 744 mil millones de pesos, fuera aprobado sin trabas. El proyecto obtuvo 130 votos a favor, todos de legisladores oficialistas.
Al aprobar el Presupuesto estatal, los diputados también acogieron el artículo 45 del proyecto, que aplaza la discusión de la indexación salarial y evita que se aplique en el 2026, aun cuando el Código Tributario ordena el ajuste de forma obligatoria cada año conforme a la inflación.
Aunque los diputados Llaniris Espinal y Carlos de Pérez, de la Fuerza del Pueblo, propusieron modificar dicho artículo para aplicar la indexación salarial, 126 diputados del PRM votaron en contra.
Otro intento de modificación —esta vez para eliminar el cuestionado artículo 45— fue presentado por los diputados Rafael Castillo, Seliné Méndez y Miguel Espinal, de la Fuerza del Pueblo, y Charlie Mariotti, del PLD. La propuesta también fue rechazada por 130 diputados del PRM.
El presidente de la comisión bicameral que estudió la pieza, el diputado perremeísta Francisco Javier Paulino, sostuvo que los ingresos estimados reflejan un crecimiento significativo de la economía dominicana y afirmó que se trata de un presupuesto orientado a dar seguimiento a los ministerios, con una inversión que “evidencia la fortaleza económica del país”.
Las críticas
En medio del debate, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja, Rafael Castillo, criticó que la mayoría congresual no acogiera la indexación salarial, alegando que sería perjudicial para los programas sociales. Calificó la postura oficialista como un “abuso”, al considerar que el ajuste obligatorio “no es una limosna ni un favor” para los empleados.
El diputado Danilo Díaz, del PLD, opinó que el presupuesto “mira al pasado” porque destina grandes montos al pago de intereses de la deuda y mantiene un nivel de inversión de capital insuficiente frente a las demandas sociales.
Ramón Raposo, diputado nacional del PRD, cuestionó que el proyecto concentre recursos en la Presidencia y relegue políticas de juventud, cultura y mujer, lo que motivó su voto en contra, sumado a la ausencia de la obligatoria indexación salarial.
La diputada Soraya Suárez, del PRM, afirmó que la indexación establecida en el Código Tributario continúa suspendida y que, por ello, el Gobierno mantiene subsidios a la vivienda y los combustibles, los cuales “compensan a la población” que no recibe el ajuste por inflación.
Para la diputada Seliné Méndez, de la Fuerza del Pueblo, el presupuesto no favorece a los dominicanos porque deja de lado áreas sensibles, afectando a sectores vulnerables como los niños que asisten a escuelas con techos de zinc y baños de letrina.
El diputado del PLD, Charlie Mariotti Jr., declaró que el presupuesto vuelve a ser deficitario y que, aunque las ejecuciones pasadas cerraron con déficits menores, ahora se proyecta un endeudamiento destinado al gasto corriente, algo que consideró “inédito, insostenible e ilegal” por contradecir la Ley de Crédito Público.
Mientras que el diputado Wandy Batista, del PRM, aseguró que la Fuerza del Pueblo “no tiene moral” para exigir la indexación salarial, al recordar que los gobiernos de Leonel Fernández realizaron cinco reformas fiscales entre 2004 y 2012, las cuales calificó como “parches”.
Indexación sin aplicación
Desde 2017, la indexación salarial no se aplica en el país, pese a que el Código Tributario ordena realizarla cada año. En su lugar, los gobiernos han incorporado artículos en cada ley de presupuesto para justificar la suspensión del ajuste.
Esta inobservancia ha provocado que trabajadores con ingresos mensuales de 34,000 pesos paguen impuesto sobre la renta, mientras que la oposición exige elevar ese umbral a 52,000 pesos.
¿Qué contempla el Presupuesto?
El proyecto aprobado estima ingresos por 1,342,258.2 millones de pesos (15.5 % del PIB) y un gasto total de 1,622,833.4 millones de pesos (18.7 % del PIB).
Esto representa un déficit fiscal del 3.2 % del PIB, equivalente a 280,575.3 millones de pesos.
La iniciativa incluye además una inversión pública de 215,284.7 millones de pesos (2.5 % del PIB), un incremento respecto al presupuesto inicial de 2025.
Va al Senado
Tras su aprobación en la Cámara Baja, el proyecto de Presupuesto pasa al Senado, donde deberá agotar el mismo proceso legislativo antes de convertirse en ley.