La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el presidente de Transcore Latam, Jochi Gómez; y Pedro Padovani, exencargado de Control de Tráfico del Intrant, por encabezar un entramado de corrupción en la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El caso también fue declarado complejo como lo pidió la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo. Asimismo, la jueza Veloz impuso garantía económica e impedimento de salida a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, ex coordinador de despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, acusado de movilizar fondos a través de Inprosol SRL desviando dinero adjudicado a Transcore Latam SRL, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, que era el titular de la Dirección Administrativa y Financiera del Intrant.
Durante la Operación Camaleón se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
En los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público. Por esta razón, el órgano persecutor ha calificado la Operación Camaleón como una de las “más exitosas” contra el crimen organizado.
El Ministerio Público presentó, entre otras pruebas, un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo y un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix. utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado.
También se presentó evidencia relacionada con el sabotaje a la red semafórica en agosto, todos ellos elementos claves del proceso.
Los imputados en Operación Camaleón son investigados por conductas típicas a lo establecido en los artículos 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción); artículos 123, 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado); 171 y 172 (desfalco), artículos 265 y 266 (asociación de malhechores).
Así como el artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano) del Código Penal dominicano; artículos 11, 17, 27, y 28 (sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo), de la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Así como, los artículos 5, 33, 34, 35, 36, (contrabando) de la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados; y los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10 (Lavado de Activos) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavados de Acivos y Financiamiento del Terrorismo, artículos 5, 8 letra F y 26 de la Ley núm.
267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, artículos 66, 67 y 69 de la ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, todo esto en perjuicio del Estado dominicano.
