El Ministerio Público presentó un expediente que vincula al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, con pagos iniciales provenientes de una empresa prestadora de servicios, según documentos oficiales a los que tuvo acceso FV Medios.
El expediente indica que Hazim habría iniciado un esquema financiero irregular en la institución con un pago inicial de cien millones de pesos (RD$100,000,000), entregados por la empresa Nutri-Med. La documentación señala que Cinty Acosta Sención, vinculada a la empresa, entregó esos fondos a través de José Pablo Ortiz Giráldez, identificado por la fiscalía como el principal recaudador dentro de la estructura investigada.
Ortiz Giráldez, mencionado previamente en el denominado caso Calamar, no aparece formalmente sometido en esta pieza acusatoria, aunque se le atribuye un rol relevante. Según el expediente, Acosta Sención habría manifestado a Ortiz Giráldez su imposibilidad de continuar realizando entregas de tal magnitud en efectivo dentro del esquema acordado.
Los pagos se habrían iniciado tras una renegociación del contrato entre Nutri-Med y Senasa, luego de una rescisión unilateral previa. La reactivación contractual habría permitido estructurar un mecanismo dirigido a beneficiar directamente al entonces director ejecutivo. El expediente describe un flujo continuo de entregas canalizadas por Ortiz Giráldez, quien actuaba como enlace directo. Los fiscales lo señalan como “mano derecha” del exdirector, siguiendo instrucciones dentro del esquema.
La investigación, enmarcada en la **Operación Cobra**, identificó una red organizada dentro de Senasa destinada a manejar fondos públicos mediante mecanismos irregulares. El Ministerio Público expone que existió una organización dirigida por Hazim para gestionar recursos institucionales mediante procesos clasificados como lavado de activos.
El documento detalla maniobras contables que alteraron estados financieros mediante ajustes en el registro de reclamaciones pendientes. Estos movimientos buscaban ocultar el deterioro económico real de la aseguradora estatal y proyectar una falsa imagen de estabilidad.
Los informes anexos señalan pérdidas acumuladas superiores a los dos mil seiscientos millones de pesos (RD$2,600,000,000) hasta octubre de 2024, lo que evidenciaría un severo colapso financiero. También se reporta la distracción de fondos estratégicos de las reservas técnicas, afectadas mediante maniobras que superan los quince mil millones de pesos (RD$15,000,000,000) al cierre de 2024.
Aunque el expediente presenta a José Pablo Ortiz Giráldez como figura clave, no está incluido entre los sometidos. El documento sugiere que su ausencia entre los imputados podría deberse a una cooperación con las autoridades, apareciendo referido como un posible testigo relevante.
El expediente continúa bajo revisión fiscal, manteniendo la atención sobre los complejos elementos financieros analizados y las responsabilidades que se desprenden de los documentos oficiales.
**Redacción FV Medios**
**REDACCIÓN FV MEDIOS**