Muchos miles de millones de pesos que razonablemente y en virtud del sistema fiscal actual deberían estar llegando a las arcas del Estado siguen sin salir de los bolsillos y cuentas bancarias de quienes se benefician de exenciones que perdieron sentido o de quienes evaden pagar tributos sobre cuantiosas utilidades por fallas del mecanismo recaudatorio o por deliberada violación de normas que olímpicamente escapan a sanciones. También quedan fuera valores por una liberación absurda de gravámenes a una gama excesiva de artículos de consumo (Itbis) incluyendo muchos que no aparecen en los usos los pobres y otros que lo único que hacen es mantener elevados los ingresos corporativos intemporalmente en perjuicio al país. Es imposible negar, además, que el delito fiscal está presente, pero arropado por el silencio, en las causas directas de las mermas de finanzas gubernamentales que explican parcialmente la excesiva dependencia del endeudamiento público; además de una agudizada debilidad del poder por hacer brillar su imagen con realizaciones a diestra y siniestra que no siempre tienen un efecto multiplicador de beneficios para la colectividad ni al propio Estado. Prueba de ello: el súper crecimiento del gasto en el semestre anterior a las elecciones.
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Todo lo que se acaba de enumerar indica que si bajo las reglas vigentes lo fiscal ha andado mal, el problema no son las reglas exclusivamente (viejas o nuevas) sino la incapacidad de hacerlas funcionar.
