Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan graves acusaciones federales en Estados Unidos que podrían acarrear sanciones severas, según documentos judiciales y declaraciones oficiales difundidas durante el fin de semana.
Las autoridades estadounidenses informaron que ambos fueron imputados por cargos federales de alta gravedad, relacionados con redes ilícitas internacionales y coordinación para el tráfico de sustancias prohibidas.
El anuncio fue realizado por la fiscal general Pam Bondi, quien confirmó que serán procesados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La acusación se difundió oficialmente el sábado, tras declaraciones previas del expresidente Donald Trump sobre una operación en territorio venezolano.
Bondi ratificó mediante un mensaje público que enfrentarán procesos judiciales completos bajo jurisdicción estadounidense, conforme a los tribunales federales correspondientes.
La magnitud del caso y el perfil de los acusados sitúan este expediente entre los más relevantes de la justicia internacional reciente, según evaluaciones citadas en el comunicado oficial.
Maduro enfrenta cargos comparables a casos históricos como el de Manuel Noriega, con la particularidad de que esta causa incluye por primera vez a una primera dama como coimputada formal.
El senador republicano Tom Cotton confirmó públicamente que Maduro se encuentra bajo custodia federal, información que —según indicó— le fue comunicada por el senador Marco Rubio. En redes sociales, Cotton afirmó: “Será juzgado por acciones contra ciudadanos estadounidenses y por usar el poder del Estado para dirigir una red ilícita transnacional”.
Las investigaciones vinculan a Maduro con el llamado Cartel de los Soles, descrito como una estructura de distribución de sustancias ilícitas hacia varias regiones. El expediente también menciona cooperación con las FARC, a las que se habría facilitado logística y protección dentro de territorio venezolano.
Las pesquisas se desarrollaron durante años e involucraron a agencias estadounidenses especializadas en delitos complejos y redes transnacionales.
En términos legales, la conspiración para importar más de cinco kilogramos de sustancias ilícitas implica penas mínimas de diez años, con multas millonarias. Al tratarse de cargos por narcoterrorismo, la legislación eleva las sanciones a mínimos de veinte años por imputación, sin reducciones ni beneficios anticipados.
La acusación también incluye señalamientos por planificación vinculada a armas de fuego y dispositivos prohibidos, considerados agravantes sustanciales bajo leyes federales.
Bondi declaró: “Este caso representa una de las operaciones ilícitas y de conspiración más peligrosas enfrentadas por nuestra jurisdicción en tiempos recientes”.
Las autoridades confirmaron que ambos permanecen bajo custodia federal y que el proceso avanzará sin trato preferencial, conforme a las evidencias reunidas internacionalmente.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**