Me faltaba el aire. Las ideas se amontonaban en mi cabeza, pero se negaban a salir. ¿Qué me pasaba? Hacía tiempo que una entrevista no me golpeaba tan fuerte. Se supone que los periodistas, al igual que los médicos, desarrollamos cierta resistencia emocional, pero ver a dos mujeres llorar, en una entrevista en vivo, por sus familiares desaparecidos, me rompió el alma. ¿Cómo puede la clase política mantenerse indiferente?
Ellas eran Yocasta Díaz, madre de Alexander Sang Díaz, y Felicia Rodríguez, hermana de Armando “Marino” Rodríguez. Visiblemente conmocionadas, revivían los días más oscuros de sus vidas: la desaparición de sus seres queridos.
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Alexander, de 18 años y estudiante de Ingeniería de Software, desapareció el 16 de mayo de 2022, tras salir de su casa en el sector Honduras del Distrito Nacional. Armando, prestamista, desapareció el 14 de marzo del mismo año, tras salir de Caballona, Hato Nuevo, rumbo a Villa Altagracia a comprar un vehículo. Nunca regresaron.
Ambas familias recorrieron el mismo camino: uno lleno de trabas, abandono e improvisación estatal. Y por eso se hacen la misma pregunta: ¿por qué a Sudiksha Konanki sí, y a los dominicanos desaparecidos no?
La pregunta nace del contraste evidente. Vieron cómo se activó un operativo masivo para encontrar a Sudiksha Konanki, turista estadounidense de origen indio, desaparecida en un hotel de Punta Cana. Más de 300 agentes especializados, drones, inteligencia artificial, unidades tácticas, rescate acuático y herramientas técnico-forenses fueron desplegados.
Yocasta y Felicia no critican esos esfuerzos. ¡Al contrario! Reconocen que toda vida merece atención. Lo que piden es justicia y equidad: que ese mismo nivel de respuesta se aplique también a sus casos y al de todos los desaparecidos en el país. Las familias dominicanas también merecen recursos, voluntad y compromiso.
Pero su realidad fue otra. En lugar de tecnología de punta, se encontraron con una unidad de la Policía Nacional que, en ese entonces, contaba con apenas cuatro agentes para cubrir todo el país. Yocasta relata cómo, al llamar al encargado del caso de su hijo, este le decía que no podía ayudarla porque estaba atendiendo otro caso en el interior.
En su caso, la Fiscalía admitió que no pudieron revisar cámaras del malecón por falta de dispositivos. En una de las zonas más transitadas y turísticas, no hubo suficiente videovigilancia.
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El sistema de salud también falla. Ambas explican que los propios familiares deben recorrer hospitales con una hojita que les da la Policía, buscando a sus desaparecidos, porque no existe una plataforma digital centralizada.
Y ni hablar de los recursos logísticos: policías sin vehículos ni combustible. Por ejemplo, Yocasta pidió inspeccionar unas cuevas cercanas a su casa. Nunca lo hicieron.
Ante más de 1,000 personas desaparecidas en los últimos años, urge una respuesta estructurada, y hay una oportunidad concreta: el proyecto de ley de Alerta Amber. Esta propuesta busca articular los recursos del Estado y mejorar la coordinación para enfrentar desapariciones, sobre todo de menores y personas con condiciones de salud mental.
Fue presentada inicialmente en 2022 por el entonces diputado Orlando Jorge Villegas y reintroducida ahora por las diputadas Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló. Propone unaBrigada Nacional del Sistema de Alerta Amber, liderada por la Procuraduría General e integrada por la Policía, Migración, INDOTEL, 911, C5i, Fuerzas Armadas, DICAT, bomberos y más.
Ojalá que el presidente Luis Abinader, como líder del PRM, se conduela del dolor de estas familias. Ojalá que también lo hagan los expresidentes Danilo Medina, del PLD, y Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, para que diputados y senadores de todos los partidos prioricen la aprobación de esta ley, que puede traer esperanza y paz a muchas familias dominicanas.
Hoy el dolor es de Yocasta, Felicia, los familiares del Viejo Lolo y muchos más. Mañana, ese dolor podría ser nuestro.
