El politólogo Edward Pérez ha observado que la ciudadanía dominicana está cada vez más harta de la impunidad y de los reiterados casos de corrupción que involucran a funcionarios y estructuras estatales, y que esto se refleja en la creciente presión social para que casos como el del Seguro Nacional de Salud (Senasa) sean tratados con firmeza por la justicia. Este sentimiento generalizado de frustración con la falta de consecuencias reales ha alimentado protestas y llamados a que se sancione a los responsables de manera ejemplar.
El caso conocido como Operación Cobra o caso Senasa ha conmocionado al país porque la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) lo ha calificado como uno de los escándalos de corrupción más graves manejados recientemente, con un presunto desfalco de recursos públicos destinado a la salud que podría superar los RD$15 000 millones, y que afectaría directamente a más de 7 millones de dominicanos afiliados al régimen de salud estatal.
El escándalo involucra a exfuncionarios y empresarios señalados por delitos como corrupción, desfalco, lavado de activos y pago de sobornos, y ha generado tanto la solicitud de medidas de coerción como la declaración de que se trata de un proceso complejo, debido al volumen de evidencias y a la magnitud del desfalco investigado.
Organizaciones sociales, grupos civiles y hasta sectores de la sociedad (como artistas o movimientos ciudadanos) han convocado marchas y protestas pacíficas frente a los tribunales y otros espacios públicos para exigir justicia efectiva, lo que subraya el descontento popular ante la percepción de impunidad frente a casos de corrupción de alto perfil.
Según analistas como Pérez, si la justicia dominicana maneja este caso de manera independiente, transparente y efectiva, podría sentar un precedente importante: no solo para quienes están directamente implicados, sino también para reforzar la confianza de la población en el sistema judicial y en las instituciones del Estado que deben perseguir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas. Esto resonaría en un contexto nacional donde reclamos por el fin de la impunidad han tenido eco en movilizaciones pasadas, como las protestas del Movimiento Verde en 2017 contra la corrupción en el país.