El máximo tribunal de Naciones Unidas determinó que la política de asentamientos de Israel en Cisjordania y Jerusalén oriental viola el derecho internacional, al emitir una opinión consultiva no vinculante sobre la legalidad de la ocupación israelí de 57 años de tierras buscadas para un Estado palestino, un fallo que podría tendrá más efecto en la opinión internacional que en las políticas israelíes.
Se esperaba que el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Nawaf Salam, se tomara alrededor de una hora para leer la opinión completa del panel, que está compuesto por 15 jueces de todo el mundo.
En parte de la opinión, dijo que el panel había determinado que “la transferencia por parte de Israel de colonos a Cisjordania y Jerusalén, así como el mantenimiento de su presencia por parte de Israel, es contrario al artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra”. El tribunal también observó con “grave preocupación” que la política de asentamientos de Israel se ha ido expandiendo.
La Corte Internacional de Justicia añadió que Israel ha abusado de su condición de potencia ocupante en Cisjordania y Jerusalén oriental al llevar a cabo políticas de anexión de territorio, imposición de control permanente y construcción de asentamientos.
Sostuvo que tales actos hacen que “la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado sea ilegal”, y añadió que la presencia israelí continuada es “ilegal” y debe terminar lo más “rápidamente posible”.
El tribunal concluyó además que el uso de los recursos naturales por parte de Israel era “inconsistente” con sus obligaciones bajo el derecho internacional como potencia ocupante.
Israel, que normalmente considera que las Naciones Unidas y los tribunales internacionales son injustos y parciales, no envió un equipo legal a las audiencias. Pero presentó comentarios escritos, diciendo que las preguntas formuladas al tribunal son prejuiciosas y no abordan las preocupaciones de seguridad israelíes. Los funcionarios israelíes han dicho que la intervención del tribunal podría socavar el proceso de paz, que ha estado estancado durante más de una década.
En la opinión leída luego por el presidente del tribunal, Nawaf Salam, el tribunal encontró que “la transferencia por parte de Israel de colonos a Cisjordania y Jerusalén, así como el mantenimiento de su presencia por parte de Israel, es contraria al artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra”. El tribunal también observó con “grave preocupación” que la política de asentamientos de Israel se ha estado expandiendo.
El tribunal también encontró que el uso de los recursos naturales por parte de Israel era “incompatible” con sus obligaciones bajo el derecho internacional como potencia ocupante.
El fallo del viernes se produce en el contexto de los devastadores diez meses de asaltos militares israelíes contra Gaza, que se desencadenaron por los ataques liderados por Hamás en el sur de Israel. En otro caso, la Corte Internacional de Justicia está considerando una demanda sudafricana de que la campaña de Israel en Gaza equivale a genocidio, una demanda que Israel niega vehementemente.
Israel capturó Cisjordania, Jerusalén oriental y la Franja de Gaza en la guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos reclaman las tres áreas para un estado independiente.
Israel considera que Cisjordania es un territorio en disputa, cuyo futuro debe decidirse en negociaciones, mientras que ha trasladado a la población a asentamientos para consolidar su control. Ha anexado Jerusalén oriental en una medida que no es reconocida internacionalmente, mientras que se retiró de Gaza en 2005, pero mantuvo un bloqueo del territorio después de que Hamás tomó el poder en 2007. La comunidad internacional en general considera que las tres áreas son territorio ocupado.
En las audiencias celebradas en febrero, el entonces ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riad Malki, acusó a Israel de apartheid e instó al máximo tribunal de las Naciones Unidas a declarar que la ocupación israelí de las tierras reclamadas por los palestinos es ilegal y debe terminar de inmediato y sin condiciones para que sobreviva cualquier esperanza de un futuro de dos Estados.
Erwin van Veen, investigador principal del centro de estudios Clingendael en La Haya, dijo que si el tribunal dictamina que las políticas de Israel en Cisjordania y Jerusalén oriental violan el derecho internacional, es poco probable que eso cambie las políticas israelíes, pero “aislaría aún más a Israel internacionalmente, al menos desde un punto de vista legal”.
Dijo que tal fallo “empeoraría el caso de la ocupación. Elimina cualquier tipo de sustento legal, político y filosófico del proyecto de expansión israelí”.
También fortalecería la posición de “aquellos que buscan abogar contra ella”, como el movimiento de base liderado por palestinos que aboga por boicots, desinversiones y sanciones contra Israel.
Dijo que también podría aumentar el número de países que reconocen el estado de Palestina, en particular en el mundo occidental, siguiendo el ejemplo reciente de España, Noruega e Irlanda”.
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