SANTO DOMINGO, RD.- La peligrosa Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales que obliga a las personas físicas e instituciones públicas y privadas a entregar información a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sigue vigente y puede ser aplicada en cualquier momento.
Lo más preocupante es que desde que se apagó el fuego mediático ya no se habla de modificar la pieza.
Hace unos meses una enardecida población exigía fueran revisados los poderes que otorga Ley 1-24 a la Dirección Nacional de Inteligencia.
Una lucha parecería haberse desinflado y así ha quedado en el olvido la modificación que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso, tras consensuar con la sociedad, los cambios que debían ser urgentes.
A seis meses de promulgada, la pieza le sigue allanando el camino al organismo de inteligencia para exigir a los ciudadanos convertirse en sus informantes , bajo amenaza de prisión.
Pero no es la primera iniciativa que esparce el miedo a la censura. El marcado interés por regular el derecho a la información y difusión de pensamiento ha mantenido en alerta a la prensa nacional y otros colectivos profesionales de la comunicación.
En el Congreso Nacional se han tramitado sin éxito, proyectos como la ley mordaza, introducida a mediados del 2022 . La propuesta contenía aspectos que prohibían la divulgación de datos o información que vulneran la intimidad y el buen nombre, a través de los medios tradicionales o redes sociales.
Ese mismo año el Poder Ejecutivo depositó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular la ciberseguridad.
La iniciativa buscaba penalizar los delitos cibernéticos, e incluyó un artículo que proponía hasta cuatro años de prisión y multas de 500 salarios mínimos para quienes difundan material audiovisual que se considere discriminatorio.
El más reciente es el anteproyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales, que busca actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión. La iniciativa fue presentada en abril de este año y establece la derogación expresamente la Ley 6132 del 1962, de Expresión y Difusión del Pensamiento, y elimina la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
