Activistas en defensa de los inmigrantes y funcionarios electos se congregaron en el Bajo Manhattan, cerca de Federal Plaza, para lanzar la campaña CARE, Acceso, Representación y Equidad.
Su objetivo es instar a la legislatura a aprobar la Ley de Acceso a la Representación, que garantiza acceso a representación legal en las cortes de inmigración.
“Últimamente hemos tenido un gran número de personas buscando ayuda legal, pero el problema en Mixteca es que no les podemos dar esa consejería legal porque no tenemos los recursos. Ayudamos con aplicaciones pero no podemos ayudarlos con toda la capacidad”, dijo Jorge Paz Reyes, Mixteca Community Organizer.
La Ley de Acceso a la Representación fue presentada por el senador estatal Brad Hoylman-Sigal y la asambleísta Catalina Cruz. Garantizaría asistencia legal para inmigrantes que enfrentan deportación u otros procesos migratorios.
“A todas estas personas la Constitución les da la promesa de ciertas protecciones”, dijo Cruz.
Esta propuesta se presentará por tercera vez en la próxima sesión legislativa a inicios del próximo año.
“Tenemos que asegurar de qué estamos viniendo y darle los recursos, ahorita especialmente con las elecciones sabemos que Nueva York tiene que venir y encargarse de cuidar a las personas que viven en este estado, a los neoyorquinos”, dijo Valeria Paz Reyes, NYIC.
Según TRAC, el centro de análisis de datos con sede en la Universidad de Syracuse, hasta septiembre de 2024, cerca de 180,000 personas en Nueva York han tenido que representarse a sí mismas en los tribunales frente a abogados capacitados, enfrentándose al complejo sistema legal del estado.
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Cruz.
La asambleísta Cruz, además de esta propuesta está promoviendo una nueva legislación que incluye fondos para crear más espacios destinados a ofrecer servicios legales.
“Entonces son dos leyes hermanas una garantizará el servicio legal y otra tendría la infraestructura para el servicio legal, que es lo que vamos a necesitar durante los próximos cuatro años para proteger y darle el derecho a nuestra comunidad de mantenerse con su familia”, dijo Cruz.
Resaltó que estas dos propuestas requieren aproximadamente 160 millones de dólares en fondos.
“Cuando no tenemos acceso a estos servicios legales vemos fraude. Fraude de abogados que se quieren pasar de listos, fraudes de notarios, fraudes de llenar papeles de organizaciones comunitarias que se dicen ser el servicio legales pero no lo son”, agregó Cruz.
Agregó que aunque esta ley de acceso a la representación aún no ha sido aprobada su financiamiento ha aumentado significativamente, de 10 millones de dólares iniciales a 65 millones en cinco años, cuando se presentó por primera vez.
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