Santo Domingo.- La familia de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, quien perdió la vida durante una actividad recreativa organizada por el Colegio Da Vinci, continúa sin poder realizar su sepelio a causa de lo que denuncian como graves negligencias relacionadas con el incidente ocurrido el 14 de noviembre de 2025 en la Hacienda Los Caballos, ubicada en Los Chivos, Gurabo, Santiago.
Frente a la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados Shesnel Calcaño y Miguel Díaz, representantes legales de la familia, afirmaron que emprenderán todas las acciones legales y administrativas necesarias para esclarecer los hechos y garantizar que la muerte de la menor no quede impune.
Aseguraron que, cuando acudieron a la fiscalía correspondiente, la fiscal actuante, Cristina Ramírez, se negó a recibir formalmente la denuncia, alegando que primero debía concluir con las investigaciones que tenía en curso.
Según relataron, a las 11:28 de la mañana, la madre, Lovelie Joseph Raphael, recibió una llamada del empleado del colegio identificado como Aldryn, quien le informó de manera imprecisa que la niña “no se sentía bien” y que “estaba vomitando”. En ningún momento —denuncian— se le comunicó que la menor había sufrido un accidente grave ni que ya había fallecido. Pocos minutos después, el empleado únicamente envió la ubicación de la actividad.
Al llegar a la Hacienda, a Lovelie se le impidió la entrada durante más de tres horas, mientras la zona permanecía acordonada y custodiada por agentes policiales.
Una vez que se permitió el acceso, las autoridades informaron a un familiar que la niña había muerto y que el cuerpo sería procesado por el INACIF. El Certificado Médico Preliminar de Defunción establece como causa de muerte asfixia mecánica por ahogamiento e insuficiencia respiratoria, presuntamente en una piscina del lugar; sin embargo, la familia afirma que nadie les ha explicado en qué circunstancias ocurrió exactamente el hecho.
También denunciaron que en el momento en que la madre logró entrar, no había ningún representante del Colegio Da Vinci: ni docentes, ni coordinadores, ni personal administrativo. Señalan que todo el personal se retiró del sitio, dejando únicamente a las autoridades en la escena, mientras un hombre cuya identidad no fue revelada aseguraba ser “el abogado del colegio” sin presentar credenciales.
Hasta la fecha, indican, el Colegio Da Vinci no ha ofrecido ningún informe ni explicación oficial sobre lo sucedido, pese a que la menor se encontraba bajo su custodia directa durante una actividad planificada y supervisada por el propio centro educativo.
La familia también asegura que el colegio mantiene en su poder todas las pertenencias de Stephora y que se ha negado a entregarlas tanto a los familiares como a las autoridades.
Por ello, los Joseph exigen una respuesta formal, completa y transparente por parte de la institución, además de la identificación y sanción de los responsables. Asimismo, explicaron que han llevado el caso directamente ante la Procuraduría General de la República, señalando que no confían en las autoridades locales de Santiago, y solicitaron la intervención de la magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF), así como de la procuradora Yeni Berenice Reynoso.