Los presidentes de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza, y de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Kelvin Cruz, abogaron ayer para que la municipalidad sea colocada en la mesa de las discusiones como parte del proceso de reformas que impulsa el Gobierno, a fin de sincerizar la asignación presupuestaria de un 10 por ciento, ya que actualmente, apenas reciben cerca de un 3 por ciento, lo que resulta insuficiente.
Favorecen al menos un seis por ciento, siempre y cuando pueda ser cumplido . “Debe parar de una vez y por todas que los alcaldes sean administradores de miseria y que podamos generar un apoyo para lograr un aumento de los ingresos”, precisó Kelvin Cruz.
Desde su óptica en la medida que los gobiernos locales reciben más recursos, en esa misma proporción pueden ofrecer mejores servicios a la población.
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“Cada peso que reciben los cabildos le quita un dolor de cabeza al Gobierno central, porque eso se traduce en mejores avenidas, calles, plazas, mercados, cementerios y parques”, precisó el también alcalde de La Vega.
Se recuerda que la Ley 166-03 contempla la transferencia del 10 % del Presupuesto Nacional a los Ayuntamientos.
De su lado, Víctor D’Aza dijo que desde la LMD están haciendo los ajustes técnicos de lugar para presentar de manera formal la propuesta al Gobierno.
Confían en que el presidente Luis Abinader acogerá su petición, tras indicar que ha demostrado ser un jefe de Estado identificado con la municipalidad y, sobre todo, que escucha.
Valoraron la entrega de asignaciones especiales para resolver obras de infraestructura de los gobiernos locales.
Kelvin Cruz insistió en señalar que si no se puede cumplir con el 10 por ciento establecido por ley, entonces, se logre un pacto para contemplar un seis, un 8 o hasta un 15, “pero que se cumpla”.
El tema fue abordado en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.
Participaron, además, las alcaldesas Betty Gerónimo, de Santo Domingo Norte, y Karina Aristy, de Higüey, quienes valoraron la armonía entre los representantes de los gobiernos locales.
Consideran que los recursos deben ser distribuidos en base a las necesidades de cada demarcación.
Salarios de miseria
Otro aspecto a ser revisado es el salario que perciben los servidores de los cabildos, desde los obreros hasta los funcionarios de más alto niel.
“La mayoría de los empleados de los ayuntamientos devengan un sueldo, cuyo monto no llega al salario mínimo y esto es una distorsión”, precisó el presidente de la LMD, al tiempo de favorecer que se hagan los ajustes de lugar.
Desde su óptica, hay que dignificar la labor de los servidores municipales.
Al profundizar sobre la situación económica de los cabildos, Víctor D’Aza dijo que la mayoría reciben un presupuesto mensual que no supera los dos millones de pesos.
Reconoce que la ley establece porcentajes en las asignaciones a sectores como el Poder Judicial, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Salud Pública, entre otras, que si se cumplen, el Gobierno se quedaría prácticamente sin recursos.
En ese contexto, propone, entonces, repensar el sistema de financiación de las instituciones públicas, incluyendo, los gobiernos locales.
Planteó identificar posibilidades para que los propios ayuntamientos sean parte de los generadores de ingresos y ayuden, en esta reforma fiscal, a recaudar recursos.
“No es que se establezca un monto desde el presupuesto general del Estado directamente a los ayuntamientos, sino que haya una contribución mixta; una parte que sea transferido desde el Estado y la otra que provenga de las recaudaciones de los cabildos”, acotó.
Declaración Jurada
Sobre este aspectos, solo 42 alcaldes han cumplido con la entrega a tiempo de su declaración jurada de patrimonio. Para dar respuesta a esta situación, los presidentes de la LMD y Fedomu se reunieron con el presidente de la Cámara de Cuentas y se determinó enviar un equipo de técnicos a los gobiernos locales para acompañar a sus funcionarios en el proceso y lograr que la documentación pueda ser entregada a la mayor brevedad.
Recordaron fue emitida una resolución en la que se hace constar la retención de los salarios para los morosos. “Apoyamos todas las iniciativas que tome la Cámara de Cuentas siempre y cuando sean en virtud de la ley”, precisó Kelvin Cruz.