Lima.- Perú enfrenta un nuevo escenario de conflictos mineros con complejos desafíos como la expansión de la minería ilegal, su choque con la formal y la pérdida de soberanía del Estado en territorios amazónicos, con presencia de bandas criminales asociadas a esta actividad ilícita, según un informe difundido este miércoles.
Así lo concluye el 37º Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú del segundo semestre de 2025, presentado este miércoles en Lima y que anunció que 199 conflictos están activos, una cifra ligeramente mayor que la presentada en la primera mitad del año.
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El exviceministro del Ambiente y representante de Coperacción, José de Echave, expuso que, tradicionalmente, era el sur andino el escenario donde se presentaban mayores conflictos, pero ahora ha pasado a ser la zona norte del país, con 40 % de los conflictos sociales, y zonas de la Amazonía.
En este sentido, destacó que el avance de la minería ilegal en la Amazonía, tanto en el norte como centro y sur del país, no tiene tanta visibilidad mediática porque está en zonas alejadas de los circuitos económicos, ubicados en la sierra y la costa.
“En la Amazonía está ocurriendo una conflictividad intensa y situaciones dramáticas, hay pueblos indígenas que están siendo sometidos por bandas criminales que están controlando estas economías ilegales, que están siendo obligados a desplazarse, y a poner marcas en sus viviendas para que quede claramente establecido que su zona está controlada por una u otra banda”, relató.
El informe detalla que en la zona fronteriza con Ecuador operan bandas como Los Pulpos y los Choneros, en la frontera con Brasil el Comando Vermelho, y en la zona limítrofe con Colombia el Comando de la Frontera, organizaciones que controlan territorios y poblaciones y manejan “todos los circuitos de las economías ilegales que están cada vez más conectadas”.
Choque entre minerías
Además de la expansión de la minería ilegal, se está dando la disputa por el territorio con la gran minería formal, algo que no ocurría antes, pues cada parte tenía sus propios intereses.
El informe también señala que hay numerosas comunidades campesinas que ya ejercen la minería ilegal directamente, con el argumento de “mejor hacerlo nosotros que los de fuera”, al poder crear empleo y dar riqueza a los distritos.
Los expertos afirmaron que aunque el debate político está centrado en elaborar la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), también es necesario cambiar la Ley General de Minería, que fue aprobada hace más de 30 años y debe adecuarse a este nuevo paradigma.
Precisamente mientras se presentaba el informe, la Comisión Permanente del Congreso ratificó otra ampliación, por un año, del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un padrón que tenía que haberse cerrado en 2016.
“No vemos ningún plan de acción. Lo que se está haciendo es patear el problema hacia delante. No hay voluntad política ni un enfoque adecuado para combatir la minería ilegal”, apuntó De Echave.
Añadió que la minería ilegal “ha alcanzado una dimensión enorme”, pues ya es un poder económico y político y tiene influencia en el Congreso, algo que podría aumentar en las elecciones de 2026.