SANTO DOMINGO.– La periodista Priena Almonte presentó una acción judicial con constitución en actor civil contra Ingrid Altagracia Jorge Pérez, a quien responsabiliza por la difusión de contenidos que, según alega, afectan su honra a través de medios de comunicación.
La demanda fue formalmente depositada ante la Fiscalía del Distrito Nacional y está representada legalmente por el abogado Miguel Altagracia de León Carbonell. En ella, Almonte solicita una medida privativa de libertad consistente en un año de prisión y una indemnización económica de RD$35,000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos dominicanos), por daños tanto morales como materiales que, afirma, ha sufrido como consecuencia directa de los hechos denunciados.
El procedimiento legal está sustentado en varios artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, específicamente los artículos 19, 21, 22 y 23, así como en el artículo 1382 del Código Civil Dominicano, que regula los principios de responsabilidad civil en el país.
Según se detalla en el documento, Ingrid Jorge, también conocida como La Torita, habría difundido expresiones y materiales audiovisuales que comprometerían la reputación y la integridad moral de la periodista Almonte. Esta situación ha motivado la solicitud de una medida de coerción consistente en prisión preventiva, en razón de la seriedad del caso planteado.
Como parte de las diligencias procesales, la parte demandante solicitó al Ministerio Público que el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) proceda a la verificación y certificación de las cuentas desde las cuales habrían sido publicadas las expresiones objetadas. Asimismo, se pidió que estos materiales sean remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar su autenticidad y procedencia.
«Con esta acción buscamos justicia, proteger el derecho a la honra de la señora Almonte y sentar un precedente claro frente al uso irresponsable y dañino de las redes sociales para atacar la dignidad de las personas», declaró el abogado Miguel de León Carbonell, según consta en la documentación entregada.
La querella fue formalizada el pasado 9 de junio de 2025 y continúa su curso dentro del sistema judicial dominicano, a la espera de las decisiones correspondientes por parte de las autoridades competentes.