El Poder Ejecutivo enviará el miércoles al Congreso Nacional el proyecto de modificación y reforma de la Ley 6132 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, que plantea la eliminación de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y crea el Instituto Nacional de las Comunicaciones.
La información la ofreció ayer en el Palacio Nacional el presidente Luis Abinader en el Encuentro LA Semanal con la Prensa donde se ofrecieron detalles del anteproyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales que actualizará la legislación vigente sobre el derecho a la comunicación.
Los detalles sobre el proyecto de reforma lo dieron los miembros de la comisión consultiva creada por el PE mediante el decreto 333-22 del 23 de junio de 2022, Namphi Rodríguez, coordinador; los presidentes de la Sociedad de Diarios, Persio Maldonado; del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez; el magistrado Hermógenes Acosta; la académica y comunicadora, Elvira Lora y el abogado y consultor, Erick Raful.
Propone la creación del Instituto Nacional de la Comunicación (Inacom) como órgano regulador, con autonomía funcional y financiera, que integraría un consejo directivo y una dirección ejecutiva.
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Se derogan expresamente la Ley 6132 de 1962, de Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 1951 de 1949, que crea la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
El proyecto fue consensuado y apoyado por instituciones nacionales y organismos internacionales.
Entre los aspectos que establece el proyecto de reforma de la Ley 6231 están la objetividad y protección de niños, niñas y adolescentes al difundir una información y los feminicidios y hechos sensibles.
También que el acceso gratis de la población a internet, como un derecho ciudadano; y define el ejercicio de la comunicación social como un derecho de toda la población como establece el artículo 49 de la Constitución dominicana.
Establece que todos los medios de información tienen acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público; que habrá un director responsable del contenido al frente de cada publicación diaria o periódica.
Indica que en los medios radiales, televisivos o digitales, cada programa, de cualquier índole, tendrá un director mayor de edad, en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y con domicilio y permanente en el país.
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