El sistema penitenciario de Guatemala funciona como centro de operaciones para pandillas que coordinan extorsiones y otros delitos, según Manfredo Marroquín, director ejecutivo de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional. Marroquín indicó que la falta de control estatal efectivo permite a estructuras criminales actuar con impunidad y acceder a privilegios dentro de los centros de detención.
El pasado fin de semana, diez agentes policiales murieron durante un motín en tres cárceles, donde reclusos, en su mayoría vinculados a pandillas, tomaron rehenes. Desde julio de 2025, el Gobierno de Bernardo Arévalo implementó medidas para recuperar el control penitenciario, incluyendo el traslado de líderes pandilleros a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en el departamento de Escuintla.
Datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales revelan que las denuncias por extorsión en Guatemala alcanzaron 25,961 en 2025, un aumento del 3.9 % respecto a 2024. La tasa de denuncias fue de 142.7 casos por cada 100,000 habitantes. El Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN) precisó que el departamento de Guatemala concentra casi la mitad de los delitos de extorsión y homicidios del país.
El sistema penitenciario guatemalteco registra una sobrepoblación del 300 %, con 23,000 reclusos en instalaciones diseñadas para 6,000. La proporción de guardias penitenciarios es de 3,997 para toda la población carcelaria, lo que facilita el acceso a teléfonos celulares y armas. Operativos recientes han decomisado dispositivos de comunicación en requisas.
Entre los reclusos de alta peligrosidad figura Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias ‘Lobo’, líder de la pandilla Barrio 18, quien ha solicitado traslados y comodidades como aire acondicionado y comida de restaurantes en su celda. El CIEN destacó la necesidad de profesionalizar la carrera penitenciaria y completar un censo carcelario para identificar a reclusos que dirigen actividades delictivas desde prisión.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**