San Francisco de Macorís.- Javier Martínez hizo pública una denuncia en la que asegura que su hija de 7 años ha sido víctima de conductas inapropiadas presuntamente cometidas por un agente policial que mantiene una relación con su exesposa.
De acuerdo con su relato, la menor le habría contado que el uniformado, quien visita con frecuencia a su pareja, ha realizado tocamientos indebidos. La niña también le expresó que el hombre le habría entregado dinero para que no comentara lo sucedido, advirtiéndole que podría perder su empleo si lo revelaba.
Tras conocer el testimonio, Javier llevó a su hija a recibir atención médica y psicológica con el fin de confirmar si había sufrido algún tipo de abuso físico. Los resultados de los exámenes no evidenciaron lesiones ni indicios de daño físico en la menor.
Según el padre, la madre de la niña está informada sobre la situación, pero no ha tomado medidas para garantizar la protección de la menor. Incluso, sostuvo que ella habría intentado convencer a la niña para que no comentara el hecho, evitando así que la denuncia saliera a la luz.
Javier manifestó su preocupación por la seguridad de su hija y la suya propia, especialmente por tratarse de un miembro de las fuerzas del orden. Considera que su posición podría dificultar el proceso de denuncia o generar represalias, lo que aumenta su inquietud frente a la situación.
Ante este panorama, decidió exponer públicamente el caso como una manera de presionar para que las autoridades competentes intervengan y se activen los mecanismos necesarios que garanticen la protección de la menor. Su objetivo es evitar que se repitan hechos similares y asegurar que su hija se encuentre en un entorno seguro.
El padre insiste en que su principal interés es el bienestar de la niña, por lo que espera que las instituciones correspondientes actúen de manera inmediata y adecuada. Afirma que la visibilización de su caso es un paso importante para que la situación no quede sin atención y que las medidas preventivas sean aplicadas.
Este hecho refleja la relevancia de que las denuncias por presuntas conductas inapropiadas hacia menores reciban seguimiento y atención prioritaria. Asimismo, subraya la necesidad de contar con canales de denuncia efectivos y de protección real para quienes, como en este caso, buscan salvaguardar a un menor de edad.