SAN PEDRO DE MACORÍS.- Rafi Ernesto Vargas, residente en esta provincia, denunció lo que calificó como un uso y aprovechamiento de poder por parte de su expareja, la abogada Patricia Lara de los Santos, con quien comparte un hijo menor de edad bajo su cuidado.
Vargas afirmó que ha sido citado repetidamente en tribunales de Santiago de los Caballeros, situación que le ha generado desgaste emocional y económico, además de poner en riesgo su seguridad debido a los constantes traslados por carretera.
Según su testimonio, las citaciones provienen del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, fiscalías y juzgados de paz. El denunciante señaló que su expareja alega que él posee varios negocios en San Pedro de Macorís, argumento que considera falso y utilizado para solicitar aumentos de manutención.
El hombre aseguró que cumple puntualmente con la manutención del niño y conserva todos los recibos de pago. Sin embargo, acusó a la madre de presentar cargos extraordinarios inflados, citando como ejemplo un caso en que se notificó un gasto superior a RD$100 mil, mientras la clínica Corominas reportó solo RD$14 mil.
Vargas indicó que posee una orden de alejamiento contra la mujer, la cual, según su versión, ella ha vulnerado en múltiples ocasiones llamándolo desde distintos números, generando temor por su seguridad y complicaciones con órdenes que atribuye a su expareja.
El padre de tres hijos -uno con la expareja denunciada y dos con su actual esposa- expresó preocupación por la frecuencia con la que el menor es ingresado a centros médicos cuando está bajo cuidado de la madre, en comparación con el tiempo que permanece con él, afectando su rutina.
Vargas acusó además a Patricia Lara de los Santos de presuntamente utilizar vínculos profesionales en Santiago para influir en procesos judiciales. Señaló que ella se habría jactado de tener influencia sobre tribunales de esa provincia debido a su posición como gerente en la firma Feliportes y Asociados.
El denunciante hizo un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y eviten que la situación escale, insistiendo en que su intención es proteger tanto su seguridad como la estabilidad del menor.
“No quiero cometer un error”, declaró visiblemente angustiado, resaltando la urgencia de medidas que aseguren respeto a la normativa vigente y la supervisión adecuada del niño.
Vargas enfatizó que su prioridad es el bienestar del menor y que espera que las instituciones correspondientes actúen con rapidez para garantizar condiciones seguras y justas para todas las partes involucradas.
Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial sobre la denuncia, pero se espera que se realicen revisiones adicionales y se establezcan medidas de control en cumplimiento con la legislación vigente.
REDACCIÓN FV MEDIOS