El periodista Miguel Ángel Ordóñez afirmó ayer que es completamente falso que se le haya intentado citar a través del Consulado de Sevilla en seis ocasiones y ni siquiera le consta que hayan citado al abogado que designó una vez que se enteró de que había una querella en su contra interpuesta por Jesús Barderas y Abraham Hazoury.
Ordónez aseguró que siempre ha estado en contacto con el Consulado para aclarar la situación y facilitar el proceso. Por ello, dijo estar sorprendido por la carta que envió a este diario el abogado Alfredo Aristondo, representante legal en España de Barderas y Hazoury.
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En ese sentido, señaló que la misiva lo que busca es deviar la atención de los hechos. Y los hechos son, dice, que un juez interino contradijo las órdenes de la juez titular de que se le citase vía consular pero, además, hizo caso omiso a las certificaciones del Consulado de Sevilla de que no le me entregó ninguna citación para la audiencia.
A continuación la carta íntegra enviada por Ordóñez a Bienvenido Álvarez Vega, director de este diario: “Estimado Sr. Álvarez Vega,
Acabo de leer una sorprendente carta a HOY del abogado Alfredo Aristondo, representante legal en España de Jesús Barderas y Abraham Hazoury. Es evidente que trata de desviar la atención de los hechos: en la querella interpuesta en la República Dominicana por sus representados contra mí, un juez interino contradijo las órdenes de la juez titular de que se me citase vía consular, hizo caso omiso a las certificaciones del Consulado de Sevilla de que no se me entregó ninguna citación para audiencia, de igual forma que ninguneó el hecho de que siempre he estado en contacto con dicho Consulado para aclarar la situación y facilitar el proceso. Además, dicho juez interino ha sido capaz de negar a mi abogado la existencia de esas certificaciones del Consulado y afirmar, mintiendo a sabiendas, que sí se me notificó por “funcionarios” de dicho Consulado, en contra de lo que afirman los documentos que obran en la causa. Otro hecho indubitado es que, contraviniendo las instrucciones de la jueza, la acusación privada fabricó una notificación en “domicilio desconocido”, sin esperar a agotar la vía de la citación consular.
Es completamente falso que se me haya intentado citar a través del Consulado en seis ocasiones. Ni siquiera me consta que se haya citado seis veces al abogado que designé una vez que pusieron en mi conocimiento dicha querella, gracias a los oficios de un amigo común, aprovechando un viaje a la isla en agosto pasado.
Obvia igualmente el Sr. Aristondo que, según el derecho dominicano, en materia de acción privada como una querella por difamación e injuria, la rebeldía es improcedente, más aún si no ha sido citado el querellado. Igualmente, sus colegas dominicanos debieran haberle hecho saber que la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, prohibe la prisión preventiva en materia de prensa.
Resulta curioso que esta disposición judicial se adoptase justo cuando había manifestado a distintos conocidos que me disponía a viajar por unos días a Santo Domingo y al Este a los fines de recabar informaciones para un nuevo reportaje y, probablemente, libro, así como que haría coincidir esa visita con la convocatoria de la primera audiencia a que me convocaran, en la que, además de querer hacer valer personalmente mis alegatos, estoy representado oportunamente por abogado.
Confirma el Sr. Aristondo en su escrito la pretensión de que se me juzgue en dos jurisdicciones diferentes, República Dominicana y España, por los mismos hechos, algo que chirría con cualquier legalidad y que solo busca mi ruina en pagos por traslados y abogados, aún cuando oportunamente se vaya a demostrar que es veraz toda la información que contienen Negocios de bajos vuelos y Cap Cana: los osados aprendices de Donald Trump. También rechina que el propio abogado Aristondo afirme en las dos demandas presentadas en Málaga (España) lo que me permito transcribir textualmente:
Esto por sí solo demuestra la estrategia de amedrentamiento ejemplarizante, por osar poner en duda la limpieza de los negocios de la concesión de los aeropuertos dominicanos a AERODOM, el del Aeropuerto Internacional de Bávaro, y la forma en que los responsables de un agujero financiero en Cap Cana de US$750 millones se enriqueciesen haciendo que otros pagaran la deuda.
Querer jugar con ventaja en los tribunales no se limita a esta extravagante decisión de un juez interino. La primera demanda presentada en España, en nombre de Jesús Barderas, no se me pudo notificar en mi domicilio, donde se reciben a diario sin problemas paquetes y cartas incluso con acuse de recibo, por la sencilla razón de que se utilizó una dirección postal errónea, a sabiendas del Sr. Aristondo, que dispuso de la correcta en todo momento, pero prefirió no ponerla en conocimiento del tribunal. Tanto mi abogado en España como yo estamos personados en la causa, pese a que él prefiriese lo contrario. Se nos ha impedido presentar alegaciones por escrito, pero la legislación prevé que pueda rebatir la demanda con otros medios de prueba cuando se señalen vistas. Igualmente, se me reserva la posibilidad de recurrir esta incidencia una vez que haya sentencia. Hubo otro intento de enviar la segunda demanda, la de Hazoury, a una dirección errónea. Alertados en esta ocasión por el codemandado (la editorial), nos adelantamos, por si acaso, presentándonos en el tribunal sin esperar citación postal. Hemos presentado el correspondiente escrito de alegaciones y estamos a la espera de la primera audiencia.
Tengo clarísimo que tengo la razón y haré valer mi derecho de defensa, que pasa por contar con un tribunal imparcial, tanto como el derecho de informar, por más que moleste a los Sres. Aristondo, Barderas y Hazoury. Por cierto, creo que en la República Dominicana es bastante ruidoso el alegato de que sus clientes callan sobre el contenido de mis libros a la espera de los tribunales, pues es la continuación del vergonzoso silencio de sus defendidos ante las innegables, contundentes y recientes informaciones en periódicos nacionales sobre los derroteros judiciales del polémico Aeropuerto Internacional de Bávaro, acerca de la recurrente presencia de lavadores de activos que hacen que Jaime Bayly mantenga que “Cap Cana es la Disneylandia de los ladrones”, así como ante la confirmación por boca del Presidente de la República del fiasco del primer contrato otorgado a Aerodom, aspectos que, precisamente, abordan mis libros demandados. Atentamente, Miguel Ángel Ordóñez”.
