Oposición de Milton Morrison a firmar nuevo contrato con Dekolor, en cumplimiento con la ley, desató jauría de acosos y chantajes #FVDigital

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Carlos Pimentel dice Morrison se negó a una nueva adenda con la empresa Dekolor

Santo Domingo.– El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que la negativa del Intrant a firmar una nueva adenda con Dekolor y su decisión de convocar a licitación para la emisión de las licencias, desató una verdadera ola de acosos judiciales, presiones y chantajes, con el fin de impedir el nuevo proceso.

Precisó que el titular del Intrant, Milton Morrison se negó en todo momento y con mucha firmeza, a la extensión del contrato, procediendo abrir un nuevo proceso.

“Milton tuvo la determinación de no firmar la adenda que le proponían, yo respaldé esa posición y le dije Milton no puedes firmar esa adenda, no importa que se venza el servicio de la licencia, llegue a decirle, si nos tenemos que quedarnos sin licencia porque está vencido el contrato, nos quedamos, pero no podemos firmar y Milton mostró mucha firmeza”, destacó Pimentel.

Explicó que el proceso de la nueva licitación estaba en etapa de ejecución, pero fue detenido hasta el próximo lunes 14 de julio, debido a un recurso de amparo elevado por los representantes de la empresa Dekolor ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

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En ese sentido, dijo esperar que los jueces del TSA dicten una decisión apegada a la sensatez, la objetividad y legalidad.

Pimentel reveló que los veedores y todos los vinculados al proceso de licitación están recibiendo intimaciones judiciales, pues se busca no llegar un a feliz término, “y quedaríamos a merced de los que quieran otros”. El funcionario habló en el programa “El Día” por Telesistema Canal 11.

La empresa Dekolor, S.R.L. tenía a su cargo la emisión de licencias de conducir, no obstante, durante la revisión del contrato y sus adendas se identificaron inconsistencias relacionadas con los precios y los servicios contratados. Además, se detectaron pagos realizados sobre la base de adendas que no fueron registradas en el sistema.

El caso fue remitido a la Procuraduría General de la República para la determinación de responsabilidades y la aplicación de las sanciones previstas por la ley.



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