Caracas, 9 abr. (EFE).- La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) consideró este jueves que los nuevos titulares de la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, Larry Devoe y Eglée González Lobato, respectivamente, no son independientes y sus designaciones terminan de «desdibujar la frontera entre el poder político y la Justicia en Venezuela«.
- Al observar estos nombramientos, queda claro que no se buscó perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos», subrayó la organización en su cuenta de X.
Cuestionan la independencia
En este sentido, indicó que es muy difícil que las víctimas sientan confianza cuando el nuevo fiscal «ha pasado años frente a la ONU y la CIDH, tratando de matizar denuncias graves o negando la existencia de presos políticos bajo argumentos de defensa institucional».
JEP aseguró que las evaluaciones para estos cargos fueron «a puerta cerrada, convirtiendo la participación ciudadana en un saludo a la bandera», lo que genera una «sensación de orfandad jurídica» para cualquier venezolano.
El fiscal debe ser quien controle la acción penal con objetividad y el defensor tiene que ser el primer escudo de los vulnerables. Si ambos están alineados con quien ejerce el poder, el ciudadano pierde su último refugio», argumentó.
Para JEP, lo que se está viendo con estas nuevas designaciones es un sistema que se «cierra sobre sí mismo»: el Estado investiga sus propios excesos y se absuelve a conveniencia.
«Sin independencia real ni contrapesos, la justicia deja de ser un derecho para convertirse en una herramienta de gestión política, dejando a la sociedad civil sin espacios donde exigir sus garantías básicas», concluyó.
Designaciones del Parlamento
El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, designó este jueves al nuevo fiscal y defensor del pueblo. Este proceso se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran a estos cargos en febrero pasado.