La ciudad de Nueva York presume de modelo migratorio al haber recibido e integrado en los dos últimos años a más de 200.000 inmigrantes irregulares, pero se queja del nulo apoyo recibido desde el Gobierno federal de Washington, atrapado en una lógica electoral donde el tema migratorio se ha convertido en dinamita política.
“Nuestra red de apoyo es mejor que la que encuentran en cualquier otra ciudad y estado, y nos enorgullece haber podido apoyar de forma concreta a todas estas personas, que ya suman 202.000, pero la carga es solo nuestra y no vemos suficiente respaldo del Gobierno federal”, dice en una entrevista con EFE el Comisionado de Inmigración de la ciudad, Manuel Castro.
Castro encarna como pocos el famoso ‘sueño americano’: llegó a Nueva York desde México como indocumentado con solo cinco años, y tres décadas después, tras una juventud dedicada al activismo en favor de los solicitantes de asilo, se convirtió en el máximo responsable migratorio de Nueva York, la ciudad “levantada por los inmigrantes”, como él mismo recuerda.
Inundar de emigrantes las ‘ciudades progresistas’
Hace dos años, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ideó la ‘estrategia de los autobuses’, que consistió en llenar autobuses con inmigrantes recién llegados desde México y enviarlos a las que llamaba ‘ciudades progresistas’ con la promesa de que allí recibirían alojamiento y comida. No era mentira en el caso de Nueva York: una norma de hace 50 años obliga a la ciudad a no dejar a nadie sin techo.
En los meses siguientes, Nueva York declaró una ‘crisis humanitaria’ pero no por ello dejó de prestar asistencia a las miles de personas llegadas ya no solo desde Texas, sino desde otros estados atraídos por la generosidad que la urbe desplegó con los inmigrantes: techo para todos, escuela para los menores (ahora mismo hay 37.000 acogidos en el sistema) y gastos médicos.
La atención a todas estas personas hizo que la ciudad calculara un gasto extra de 10.000 millones de dólares entre 2022 y 2025, al que hizo frente “sin respaldo del Gobierno federal, aun cuando debería ser una responsabilidad compartidas con las demás ciudades y Estados”, recuerda Castro.
Castro.
La ciudad se vio “obligada” -en palabras del Comisionado- a limitar la estancia en los albergues públicos a uno o dos meses, según las circunstancias, mediante un recurso judicial excepcional, pero garantizó que las familias con niños no fueran desalojadas en ningún caso.
Sin embargo, y según ha podido constatar EFE en el campamento gigante de Randall’s Island, donde se envía a los adultos sin familia, la ley se aplica de manera muy flexible y hay varios inquilinos que llevan más de cuatro meses, mientras buscan un permiso de trabajo que nunca llega.
Y es que otro de los problemas al que se enfrentan es la enorme lentitud de las gestiones burocráticas para conseguir el estatus de asilado y/o un permiso de trabajo, lo que lleva un tiempo generalmente superior a los 12 meses, y eso obliga a muchos inmigrantes a caer en la economía sumergida, generalmente en la venta callejera o como repartidores de comida en bicicleta.
Demanda de empleo no satisfecha
“El sistema de emigración no funciona -reflexiona Castro-. Hay gran demanda de empleos y sería lógico que los apoyáramos con el permiso de trabajo. Llevamos décadas sin solución a estos problemas, es un sistema inadecuado y el Congreso debería actuar”, insiste, aunque reconoce que la cercanía de la cita electoral lo complica todo.
Castro lamenta que toda la atención prestada a los inmigrantes es ahora víctima de dos narrativas opuestas: “Por un lado, nos dicen que no estamos haciendo lo suficiente por los inmigrantes, que tenemos una obligación moral de no abandonarlos; por el otro, nos acusan de estar dándoles demasiado, y cuanto más les demos, más van a venir”, detalla.
“Es simbólico de lo que pasa en el país, hay demasiada división política”, considera, reconociendo que en año de elecciones el tema se ha vuelto especialmente espinoso, con un candidato republicano como Donald Trump que “con sus amenazas de deportaciones masivas está generando un enorme miedo e incertidumbre”, y hace que algunos inmigrantes no se atrevan a ir a un centro de salud o una comisaría por miedo a la expulsión.
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