El presidente Luis Abinader promulgó el domingo 3 de agosto la Ley 74-25, que introduce un nuevo Código Penal en República Dominicana, reemplazando la antigua normativa que estuvo vigente por más de 141 años desde la época de la Restauración. Este cambio representa un avance significativo en el sistema jurídico e institucional del país, ya que la anterior Ley 2274, vigente desde 1884, quedará sin efecto.
Tras décadas de intentos infructuosos, el nuevo Código Penal logró finalmente su aprobación gracias al consenso alcanzado en el Congreso Nacional, que se reunió en una legislatura extraordinaria convocada por el Poder Ejecutivo. La aprobación del proyecto se dio luego de intensas sesiones, destacando una en la Cámara de Diputados que se extendió por más de 16 horas, concluyendo a las 3:00 de la madrugada del 31 de julio.
La Ley 74-25 trae una transformación profunda al sistema penal dominicano, actualizándolo para responder a las problemáticas delictivas actuales. Entre sus principales aportes está la incorporación de delitos que antes no estaban tipificados formalmente en la legislación nacional, tales como el feminicidio, sicariato, violencia económica, ciberacoso, estafa piramidal, autosecuestro, difusión de contenido digital con fines extorsivos y delitos de lesa humanidad.
Este marco legal también contempla un aumento significativo en las penas, con condenas que pueden alcanzar HASTA 40 AÑOS DE PRISIÓN y, en casos de acumulación de delitos graves, HASTA 60 AÑOS. Además, incluye mecanismos de vigilancia posterior al cumplimiento de la pena, tales como un registro nacional de agresores sexuales, órdenes de alejamiento más estrictas y programas obligatorios de reeducación para infractores, buscando facilitar su reintegración social.
Una innovación destacada es la introducción de la responsabilidad penal para personas jurídicas, que permite sancionar a empresas y organizaciones cuando sus directivos o empleados cometan delitos por negligencia o acción intencional. También se amplían los plazos de prescripción para delitos sexuales contra menores y personas vulnerables, extendiéndolos hasta 30 años desde que la víctima alcance la mayoría de edad, junto con un endurecimiento en las sanciones contra la corrupción pública, incluyendo la inhabilitación para ocupar cargos oficiales.
El nuevo Código Penal reconoce que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, promoviendo un enfoque preventivo que busca reducir la reincidencia, fomentar la justicia restaurativa y garantizar el respeto a los derechos fundamentales. La Ley 74-25 entrará en vigencia dentro de 12 meses, tras un período destinado a la adecuación institucional y difusión pública.
A partir de ese momento, todas las entidades del sistema judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y demás organismos encargados de hacer cumplir la ley operarán bajo este nuevo marco normativo, que busca modernizar la justicia penal dominicana y alinearla con estándares internacionales de legalidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad humana.