La ciudad de Nueva York acordó compensar con 512.000 dólares a las víctimas de brutalidad policial en las protestas por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en mayo de 2020, anunciaron este jueves dos ONG de derechos civiles.
Según un comunicado de la Sociedad de Ayuda Legal y la Unión de Libertades Civiles (NYCLU), ese acuerdo obtuvo el visto bueno del tribunal el pasado 7 de febrero, en un revés para el principal sindicato de la Policía de Nueva York, que había presentado una moción para impedir que entrara en efecto.
El sindicato Asociación Benevolente de la Policía (PBA) intentó dejar sin efecto el acuerdo de pago mientras apelaba el fallo judicial, pero esa solicitud fue desestimada el pasado 9 de abril, agrega el comunicado.
“Aunque este acuerdo nunca reparará por completo lo que nuestros clientes sufrieron a manos de la Policía de Nueva York durante el verano de 2020, esperamos que les permita pasar página y seguir con sus vidas”, dijo Jennvine Wong, abogada supervisora del Proyecto de Responsabilidad de la Policía de la Sociedad Legal.
La Sociedad de Ayuda Legal difundió el acuerdo alcanzado a través de sus redes.
You can’t put a price on the trauma that the NYPD caused protestors during the summer of 2020, but we hope the settlement we achieved with @LegalAidNYC offers some repair to our clients.
We won’t stop fighting until the NYPD fully adopts our settlement’s policy reforms. pic.twitter.com/mHO1FCUZQQ
— NYCLU (@NYCLU) May 9, 2024
La demanda, interpuesta en octubre de 2020 a nombre de Jarrett Payne, una de las víctimas, abarcaba los incidentes ocurridos durante el primer mes de protestas, entre el 28 de mayo y el 28 de junio de 2020.
En ese período, los agentes utilizaron porras, espray de pimienta “y otras técnicas agresivas para tomar represalias” contra los neoyorquinos que mostraban su apoyo a la población negra y exigían el fin de la violencia policial, según el documento legal.
La denuncia indicaba que el alcalde Bill de Blasio y la administración instituyeron una “política de facto” que permitía a la Policía atacar violentamente a los manifestantes, aprobando repetidamente despliegues de fuerza y negándose a imponer medidas disciplinarias o repercusiones por “la flagrante mala conducta” de los agentes.
“Con este acuerdo de medidas cautelares hemos logrado cierta reforma policial. Sin embargo, todavía no es suficiente. Es un paso más en el objetivo general de reducir la presencia policial y su papel en la comunidad”, indicó Payne.
En septiembre de 2023, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, la Sociedad de Ayuda Legal y NYCLU anunciaron un acuerdo histórico con el Departamento de Policía de Nueva York -el más grande del país- que les obliga a cumplir su juramento de proteger el derecho de manifestación, a la vez que resolvió varias demandas por uso excesivo de la fuerza, indica la nota.
Como resultado de ese acuerdo, la Policía estará obligada a cambiar la forma en que despliega agentes en manifestaciones públicas y documentar esos despliegues de manera más completa.
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