Ahora que se debate la necesidad de una Reforma Fiscal, recuerdo detalles sobre la que se realizó hace treinta y dos años. Incluyó paralelamente una Reforma Arancelaria y también el Plan Decenal de la Educación todo con la asesoría de técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El amigo Temístocles Montás, ministro de Economía en años posteriores, escribió un importante artículo este sábado en HOY sobre aquellas reformas consensuadas con los legisladores de la oposición para que pudieran implementarse.
Aprovecho esta ocasión para añadir detalles complementarios:
- Las reformas comenzaron a estudiarse y consensuarse desde 1988 en un Diálogo Sector Público-Privado (que incluyó dirigentes sindicales y políticos además de los empresarios y funcionarios públicos). Entre los participantes estuvo Gianni Vicini por el sector industrial, y Frank Rainieri por el turístico.
- La coordinación la realizaba el PNUD.
- Fui yo el Relator de tres encuentros celebrados: 1988 en Puerto Plata; 1989 en Casa de Campo; 1991 en Punta Cana. Publiqué en diciembre de 1991 un libro titulado “Cambios Mundiales y Concertación Social”, que reproduce las exposiciones de un seminario celebrado en el Club de Ejecutivos de Santo Domingo con esta temática. José Miguel Bonetti Guerra y Pepín Corripio expusieron en este seminario.
- Juan Bosch estaba formalmente enterado de mi trabajo con el PNUD.
- El PNUD contrató varios expertos para preparar el proyecto de Reforma Fiscal, entre ellos un asesor de Harvard y a los dominicanos Jaime Aristy Escuder y Héctor Guilliani.
- Para la Reforma Arancelaria fueron contratados Constantino Vaixos y Andy Dahuajre como asesores.
- En marzo de 1991 le entregué personalmente al Presidente Joaquín Balaguer el primer proyecto resumen de la Reforma Fiscal.
- El presidente Balaguer me solicitó que asumiera la Dirección de Impuesto Sobre la Renta. “Yo necesito una persona como Usted para que le cobre los impuestos a los empresarios”, me dijo. No acepté pues estaba muy fresca en la memoria el 1990.
- En agosto de 1991 me llamó por teléfono la Ministra Administrativa Carmen Rosa Hernández para decirme que el presidente Balaguer quería que yo hiciera una Carrera en el Gobierno y le aceptara el puesto de Superintendente de Bancos pues iba a iniciarse la reforma del sector financiero. Le dije que no.
- Mas, en febrero de 1996 (cuando se avizoraba un pacto en segunda vuelta y habría de buscarse el apoyo de Balaguer al doctor Leonel Fernández), en ese momento sí consideré y acepté el nombramiento de Contralor General de la República.
Anexo: Artículo de Temistocles Montás
Aporte oportuno de una lección aprendida
Juan Temístocles Montás
Las elecciones de 1990 se celebraron en el marco de una severa crisis económica caracterizada por alta inflación, que afectaba el poder adquisitivo de la población; un elevado déficit fiscal, y elevado nivel de deuda externa que gravitaba como pesada carga para las finanzas públicas; y problemas en los sectores productivos, con desabastecimiento de productos y combustibles, aumento del desempleo y caída del crecimiento económico.
Los resultados electorales favorecieron la reelección de Joaquín Balaguer, pero los mismos fueron seriamente cuestionados por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que acusó al partido de gobierno de fraude y manipulación electoral, uso indebido de recursos del Estado y coacción sobre los votantes. Esto generó una crisis poselectoral que, combinada con la crisis económica, alimentó un fuerte descontento popular que sirvió de base para que desde el PLD se exigiera la salida de Balaguer del poder levantando la consigna de «¡Que se vayan ya!»
Durante la segunda mitad del año 1990 y en todo el 1991 la consigna ¡Que se vaya ya! fue la bandera de lucha del PLD.
En medio de la crisis, el 6 de agosto de 1990, el Dr. Balaguer, de común acuerdo con empresarios y trabajadores, firmó el denominado “Pacto de Solidaridad Económica”, que establecía el compromiso de buscar la estabilidad macroeconómica, controlando la inflación y promoviendo un ambiente propicio para el desarrollo económico, incrementar los salarios, crear condiciones favorables para atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras y establecer un marco de diálogo y colaboración entre los diferentes sectores, incluyendo el Gobierno, los empresarios y los sindicatos.
El Pacto comprometía al Gobierno a poner en marcha una serie de reformas estructurales que incluían reformas tributaria, arancelaria, laboral y monetaria, así como una nueva ley de inversión extranjera. El objetivo era liberalizar la economía.
Todas esas medidas estuvieron respaldadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con todo y las irregularidades electorales, el PLD quedó convertido en la principal fuerza de oposición, con mayoría en la Cámara de Diputados y como segunda fuerza en el Senado de la República. En ese escenario, con el PLD levantando la consigna referida, el Dr. Balaguer sometió al Congreso el paquete de reformas.
Lo que muchos esperaban era que el PLD, que no había participado en la firma del Pacto de Solidaridad Económica, se opusiera a las medidas propuestas por Balaguer. No fue así. La dirección política, consciente de la necesidad de superar la crisis económica y social que abatía al país, permitió que los legisladores de la organización negociaran las reformas y facilitaran su aprobación.
En el caso de la reforma tributaria, la tasa del ITBIS pasó del 6% al 8% y amplió su alcance para cubrir un mayor número de bienes y servicios. Se incrementaron los impuestos selectivos al consumo sobre productos como el tabaco, el alcohol, los combustibles y otros bienes considerados de lujo. En cuanto al impuesto sobre la renta, se introdujeron nuevas escalas de tasas impositivas y se eliminaron algunas deducciones y exenciones para aumentar la base imponible. El impuesto sobre los activos se ajustó para mejorar su aplicación y efectividad y se redujeron exenciones que no estaban justificadas, entre otras medidas.
En ese momento, a pesar del ¡Que se vaya ya!, el PLD puso en primer plano el interés general por encima de los intereses del partido. El compañero Danilo Medina, a la sazón vocero del bloque de legisladores del PLD, negoció la aprobación de las reformas con Licelot Marte de Barrio y Luis Toral, en representación del partido de gobierno.
Vale recordar que, la decisión del PLD, validada por Juan Bosch, de aceptar una petición del empresariado dominicano de dar más tiempo al conocimiento del proyecto de Código de Trabajo, le costó al PLD la salida de su sector sindical a mediado de 1992.
Todo ese proceso se desarrolló en un contexto de rechazo por parte de muchos sectores. Sin embargo, los resultados están ahí. Han sido: la estabilidad macroeconómica, el crecimiento sostenido y mejora apreciable de las condiciones de vida.
Ideas claras y propuestas adecuadamente sustentadas y transparentes, viabilizan el diálogo y el consenso. Si no, la gobernanza es más difícil y la gobernabilidad se puede complicar. ¡Que no sea así!
