Prudente y empeñado en ceñirse a la jurisprudencia dominicana, desafiando incluso esquemas extra nacionales, el Gobierno deja fuera de toda duda de que apela a respuestas adecuadas y preservadoras del interés nacional para restringir la presencia no regulada de personas de procedencia externa en el territorio nacional.
Fuera de inconsistencia está también el respaldo ciudadano a las medidas, de implícito consenso, con que se propone hacer cumplir en la mayor extensión posible, el esquema legal que condiciona la presencia de extranjeros en el país que es flexible, además, para que el trabajador foráneo se integre a actividades productivas; tanto que la tolera con un tratamiento excepcional cuando el recurso humano local no alcanza. Ejemplo: la dominicanización, a mediano plazo siquiera, de los fundamentales sectores Construcción y Agrícola obliga a crear condiciones salariales y de protección social atractivos a personas de la nacionalidad local que no pueden alcanzarse de hoy para mañana.
De forma ordenada y con estricto respeto a los derechos de todo ser humano, sin importar su procedencia, es que el país debe tratar de impedir una excesiva inmigración en atención a potenciales perjuicios económicos al Estado y a la sociedad por abaratar vilmente la mano de obra y crear riesgos a la convivencia que ya están muy a la vista. No es encendiendo emociones con pregones que incentiven acciones directas que se lograría. Ir al paso, sin pausa y perfeccionando el control fronterizo.
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