Santo Domingo, RD – Durante la audiencia de solicitud de medidas de coerción en el caso de corrupción administrativa conocido como Operación Cobra, no se acreditó ante el juez Rigoberto Sena la supuesta condición de salud que alegó el principal imputado, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, con el objetivo de evadir la prisión preventiva que corresponde a la gravedad de los hechos cometidos en perjuicio de los afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El Ministerio Público indicó que “la condición de salud que alega Santiago Hazim no ha sido acreditada por ningún médico forense”. Además, señaló que “todos los testigos establecen que el imputado se desempeñaba con toda normalidad en el SeNaSa y en su vida social privada”, y que la defensa del imputado habría recurrido al tema de la salud para intentar evadir el proceso judicial.
El órgano judicial recordó que, para que un tribunal pueda considerar un informe médico, este debe ser emitido por un perito designado por el Ministerio Público o por el tribunal, lo que no ha ocurrido en este caso. Hazim Albainy encabezaba una red de corrupción que desfalcaron más de 15 mil millones de pesos del SeNaSa, afectando a millones de dominicanos.
Durante la audiencia del pasado viernes, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que se declare el proceso como de tramitación compleja, dado el número de víctimas y la magnitud del daño causado. Entre los implicados también figura Germán Robles, exconsultor jurídico de SeNaSa, y otros funcionarios que recibieron más de 2 mil millones de pesos en sobornos.
El Ministerio Público destacó que el caso cumple con todos los criterios de gravedad de un proceso altamente complejo:
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Pluralidad de víctimas e imputados.
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Grave daño causado a la sociedad.
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La condición de funcionario de Hazim, garante del correcto funcionamiento de SeNaSa.
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Naturaleza de los delitos, que afectan el derecho fundamental a la salud.
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Falsificación y adulteración de documentos para ocultar acciones criminales.
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Operación sistemática de una red de crimen organizado.
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Ocultamiento de bienes obtenidos de manera ilícita.
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Maniobras para impedir que investigados colaboraran con la justicia.
Pasada la 1:00 de la madrugada del sábado, el juez Rigoberto Sena fijó para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre las medidas de coerción. Durante la misma, tres de los imputados admitieron los hechos, indicando que pagaron sobornos a Hazim Albainy y otros exfuncionarios.
El Ministerio Público presentó un legajo que incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimonios y pruebas periciales, que vinculan a los imputados con los delitos que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.