Durante años, el narcotráfico en República Dominicana ha sido tratado como un asunto de persecución criminal: capturas, decomisos y operativos. Sin embargo, el reciente caso vinculado a redes internacionales que utilizaban el territorio nacional como punto de acopio y reexportación obliga a replantear el enfoque. El problema ha dejado de ser únicamente policial para convertirse en un tema económico y de seguridad institucional.
La República Dominicana no vive de su mercado interno. Vive de la confianza externa.
Exportamos productos agrícolas, zonas francas, turismo y servicios financieros. Cada uno de esos sectores funciona porque otros países confían en nuestros controles sanitarios, aduaneros y logísticos. La reputación, en una economía abierta, es tan importante como la producción. Y cuando un país comienza a aparecer en informes internacionales como punto de reempaque o contaminación de carga, las consecuencias no suelen ser inmediatas ni visibles, pero sí profundas.
Los países no sancionan primero; desconfían primero.
El efecto inicial no es el cierre de puertos ni la cancelación de tratados. Es más silencioso: inspecciones más frecuentes, seguros de carga más caros, retrasos en aduanas y pérdida de competitividad frente a otros exportadores. Un contenedor dominicano retenido en Europa por controles reforzados no lo paga el narcotraficante. Lo paga el productor agrícola, el exportador legítimo y, finalmente, la economía nacional.
Por eso la discusión no puede limitarse a celebrar la captura de un individuo. La pregunta esencial es otra: ¿cómo operó durante tanto tiempo sin ser detectado?
El crimen organizado internacional no funciona sin apoyo local. No necesariamente apoyo consciente, pero sí acceso. Acceso a almacenamiento, transporte interno, manipulación de contenedores y conocimiento de procesos logísticos. El narcotráfico moderno no depende del control territorial; depende del control de rutas comerciales.
Y las rutas comerciales dependen de sistemas. Si esos sistemas tienen brechas, el problema no es la presencia de un cabecilla extranjero, sino la vulnerabilidad estructural del propio país. La lucha contra el narcotráfico ya no es solo tarea de agencias antidrogas. Es también responsabilidad de autoridades portuarias, aduanas, controles de sellos de seguridad, trazabilidad de mercancías y supervisión logística.
De lo contrario, cada captura será solo un relevo. La historia internacional demuestra que cuando cae un operador, la estructura permanece si no se desmontan las condiciones que la permitieron. El mercado ilícito no desaparece por la detención de una persona; se adapta. Y si la ruta continúa siendo viable, otro la ocupará.
El verdadero desafío, entonces, no es demostrar que cooperamos, sino demostrar que controlamos. El país necesita investigar no solo el delito, sino el sistema que lo hizo posible. No para criminalizar al sector productivo —que es víctima potencial— sino para protegerlo. La economía dominicana depende de la credibilidad de sus procesos. Y la credibilidad se construye con controles efectivos, no solo con operativos.
Porque en este tipo de casos la victoria no es la captura. La victoria es impedir que vuelva a ocurrir.
REDACCIÓN FV MEDIOS