Mientras las protestas contra las redadas de inmigrantes siguen caldeando la situación en Estados Unidos, los aviones llenos de deportados continúan saliendo del país. Unos vuelos que tienen como destino países en todo el mundo, pero donde una región resalta por encima del resto: Latinoamerica. Uno de los últimos países que podrían sumarse a Ecuador, Costa Rica, Panamá, El Salvador o Paraguay, entre otros, es Argentina. Según el New York Times, el Gobierno de Milei y el de Trump estarían negociando la llegada de deportados al país sudamericano, en el marco de un acercamiento sin precedentes entre ambas naciones. Una relación que alcanzó su pico máximo con la intervención estadounidense a través de un rescate económico durante las elecciones legislativas del pasado mes de octubre que ganó el partido de Milei.
Aunque el oficialismo en Argentina ha mantenido el silencio, consciente del posible impacto en su electorado, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dejó caer este miércoles la posibilidad de que ese diálogo se hubiera producido, aunque negó que se hubiera cerrado nada. El acuerdo permitiría a Estados Unidos enviar a ciudadanos de terceros países a Argentina como paso previo a llegar a sus territorios de origen; aunque lo cierto es que los países que ya están recibiendo deportados se están topando con innumerables problemas legales para convertirse en esa figura intermedia en el camino de expulsión de EEUU.
Los pactos alcanzados por el Gobierno de Donald Trump con sus aliados en la región han permitido solo el año pasado la expulsión de miles de inmigrantes. Durante su campaña electoral, Trump prometió expulsar lo antes posible a más de 10 millones de personas. Por el momento acceder a cifras reales de lo que ha ocurrido en el primer año de su segunda legislatura es complicado, ya que los números que se dan desde Washington no están del todo justificados. Aunque organizaciones no gubernamentales reducen la cifra, el departamento de Seguridad Nacional asegura en su último informe que son casi tres millones las personas deportadas solo en 2025, en donde se incluyen aproximadamente 2,2 millones de autodeportaciones y más de 675.000 deportaciones.
Quiénes son, cómo es el proceso y a dónde van
Según este departamento estadounidense, el 70% de los arrestados por el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) son delincuentes convictos o personas con cargos penales que “podrían representar una amenaza para la seguridad nacional”. Este dato choca con el ofrecido por organismos independientes como el Instituto Cato, que recoge que el 73% de personas detenidas por el ICE no tiene antecedentes penales ni cargos penales pendientes. La mayoría contarían con sentencias por delitos menores, infracciones de inmigración o de tránsito.
Pese a la retórica de que todos los deportados están relacionados de alguna manera con la delincuencia, lo cierto es que entre los expulsados hay dos grandes perfiles: personas que llevaban años residiendo en Estados Unidos por motivos económicos y no habían podido regularizar su situación y solicitantes de asilo que provienen de países en los que son perseguidos o que están en conflicto. A todos ellos el Gobierno de Trump decidió cancelar sus peticiones de residencia o asilo, comenzando una persecución sin precedentes para poder cumplir con su promesa electoral. Desde el principio de las deportaciones la propia justicia de Estados Unidos ha dudado sobre la legalidad del proceso. En agosto del año pasado una jueza federal bloqueó temporalmente las deportaciones rápidas de migrantes indocumentados, aunque esto no ha evitado que se continúe con las expulsiones.
Para Gabriela Liguori, directora Ejecutiva de CAREF, la Comisión Argentina para Refugiados y Emigrantes, desde la perspectiva de los derechos humanos se están viendo situaciones “absolutamente violentas” en las que se priva de libertad a familias e incluso niños. Todo ello a través de “procesos en los que no termina de estar presente el acceso a la justicia” ni hay “procedimientos que permitan tener una defensa”. “Lo que estamos viendo es que suben a personas a aviones a veces sin tener claro a dónde van, provocando que en muchos casos pierdan contacto y sus familiares no tengan información al respecto”, explica a este medio.
Suben a personas a aviones a veces sin tener claro a dónde van, provocando que en muchos casos pierdan contacto y sus familiares no tengan información al respecto
Según reconoce a 20minutos Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos argentina, una cosa es el “proceso habitual ya existente” de rechazar el ingreso en la frontera y otro “los acuerdos que se han creado con Estados donde al inmigrante no lo deportan a su país de origen”. Esto es lo que el Gobierno de Trump llama ‘terceros países seguros’, que son lugares a los que se envía a diferentes perfiles de deportados para que sean estos los que se encarguen de gestionar su futuro. “Tenemos desde mujeres afganas solicitantes de asilo llevadas a Panamá, hasta personas ya detenidas acusadas de algún tipo de delito expulsadas a El Salvador”, explica Morales, que insiste en que estos países se topan con una situación legal que complica esa idea de que son países de paso, por lo que tienen que empezar un proceso que puede ser largo.
La cara ‘b’ de estos acuerdos
Para todos estos países que han aceptado ser parte de este engranaje de deportaciones masivas del Gobierno estadounidense la consecuencia inmediata es recibir el apoyo explícito de Trump. Ya sea a un líder en la pugna política interna o incluso importantes paquetes de ayuda económica. La red de alianzas con mandatarios de derecha y extrema derecha del continente están permitiendo a Washington acelerar su promesa. “Son acuerdos políticos muy opacos donde hay un ida y vuelta. Todos con países que son absolutamente dependientes de esta política actual de Trump. Por eso no llamaría la atención que Argentina se sumara”, afirma Liguori.
Son acuerdos políticos muy opacos donde hay un ida y vuelta. Todos con países que son absolutamente dependientes de esta política actual de Trump
Con todo, los problemas a los que se enfrentan estos países receptores empiezan desde el momento en el que un migrante de un tercer país o un solicitante de asilo pisa su territorio. Como recuerdan desde CELS, se están recibiendo grupos de personas deportadas por distintas causas cuyos casos luego tienen que abordar en el marco de su legislación nacional. “En el caso de Panamá fueron personas con dificultades para acreditar el ingreso ilegal de Estados Unidos. Algunas aceptaron volver a sus países, como ocurrió con venezolanos y nicaragüenses, pero otros no porque no podían o porque no querían por la situación de sus países. Ahí la primera solución de Panamá fue un hotel, la segunda un albergue en la iglesia y después otro cerca del Darién. En ese momento se presentó un habeas corpus y un fallo judicial les obligó a darles una categoría especial”, agrega Diego Morales. “Esto caducará en tres meses y no se sabe que ocurrirá después. Lo que no pueden hacer es encerrarlos, porque esas personas eran libres en Estados Unidos, son deportadas no delincuentes”.
Ambos consultados reconocen que estas situaciones están violando reglas y legislaciones. Aunque Estados Unidos no ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, otros países que están recibiendo deportados sí lo hicieron y por tanto tienen que aplicar los derechos que aparecen en ella como el de circulación y residencia, por lo que para detener a un migrante que viene deportado a Estados Unidos tendría que haber una causa. “La persona migrante que está detenida por su estatus migratorio tiene que tener un debido proceso y la posibilidad de conseguir ayuda. Es decir, cuestiones que se transforman en un problema incluso jurídico para estos Estados receptores”, argumenta Morales.
El caso de Argentina
Algunas dudas que hay para llevar adelante el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina tienen que ver con estas cuestiones jurídicas. Como se está demostrando en los países que ya están llevando a cabo el acuerdo de ‘tercer país seguro’ con Estados Unidos, la promesa de ser solo un punto intermedio de transición no es tan sencilla y el Estado argentino tendría que hacerse cargo de esos migrantes, incluso a sabiendas de que se podrían convertir en personas en situación irregular. Si aterriza una persona con antecedentes penales, Argentina no podría recibirlo porque hay una prohibición de ingreso. Además, surge la duda de cuál sería la categoría con la que ingresarían estas personas y qué cosas van a poder hacer en el país.
Tanto Liguori como Morales inciden en la paradoja que supone esta medida para un Gobierno cuyo discurso hacia la migración es el de la criminalización. “El Gobierno argentino no está reconociendo derechos a los que ya están aquí y quiere traer a más. Por supuesto, en nuestra posición estará siempre el recibir a los migrantes y darles derechos”, aclara el director de litigios de CELS, que recuerda cómo desde 2024 se han modificado las leyes de protección contra refugiados y emigrantes, lo que les ha dejado con menos derechos para reclamar. Además, “simulando un poco lo que está ocurriendo en Estados Unidos”, la agencia migratoria argentina ha pasado de depender del órgano del Ministerio del Interior, que es el que documenta la identidad de todos los argentinos, al Ministerio de Seguridad. Todo ello pese a “no tener Argentina un problema estructural con la migración o flujos migratorios” descontrolados.
Desde el CAREF, su directora reconoce que “esta posibilidad de acuerdo se opone a la narrativa anti-inmigración del Gobierno argentino” y “podría ser muy mal recibida por su base electoral, que avala y apoya la perspectiva de criminalización de la migración”. Algo que “ya se está poniendo en evidencia a través de líderes de redes” vinculados con el Ejecutivo de Milei.