El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la orden judicial que pretendía poner coto a las expulsiones de migrantes con la Ley de Enemigos Extranjeros, una prerrogativa de finales del siglo XVIII que otorga poderes especiales al presidente y fue concebida para contextos de conflicto.
Con este mecanismo, Estados Unidos expulsó este mismo mes a El Salvador a más de 200 migrantes a los que vinculaba a las bandas de Mara Salvatrucha y al Tren de Aragua, pese a que un juez federal llegó a dictar una orden para paralizar los traslados. El presidente, Donald Trump, llegó a reclamar la expulsión de este juez por considerar que se entrometía en cuestiones políticas.
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Para el Departamento de Justicia, este particular pulso entre Ejecutivo y Judicial plantea “cuestiones fundamentales” en relación a quién debe decidir cuestiones “sensibles” vinculadas a la seguridad nacional. “La Constitución da una respuesta clara: el presidente”, plantea el Gobierno en un escrito recogido por la cadena NBC News.
El miércoles, el tribunal de apelaciones ya falló en contra de una petición de la Administración Trump para eliminar la suspensión de las deportaciones, que han suscitado también críticas de organizaciones de Derechos Humanos que aluden a la supuesta arbitrariedad y la falta de garantías en estos procesos.
